Hernán Cheyre V.
Economista

La forma en que el Gobierno está abordando el tema del alza de precio de los combustibles es altamente peligrosa, y puede acarrear consecuencias muy negativas como resultado de las presiones sectoriales. El principal costo que esto implica es una pérdida adicional de productividad, que amenaza con enfriar aún más el crecimiento potencial de la economía.

No hay duda de que el mayor precio de los hidrocarburos está afectando el poder adquisitivo de los consumidores y la competitividad de las empresas, pero en la búsqueda de una solución al problema hay que evitar las fórmulas discrecionales. Cada vez que se abra una ventana para incorporar una regulación en favor de un grupo específico, la corriente de aire que ello va a generar dará forma a vientos de mucho mayor fuerza, que pueden poner en riesgo la estabilidad de la economía. La propuesta de incluir el gas licuado como beneficiario del Fondo de Estabilización (Fepco), unida al otorgamiento de mecanismos de compensación adicionales a los transportistas interurbanos, está dando origen a presiones para agregar otros combustibles al sistema, y a que haya otros sectores productivos buscando también acceso a algún mecanismo de subsidio. Por su propia dinámica, no hay un límite natural a la expansión de este proceso, pudiendo convertirse en un germen desestabilizador.

El fenómeno que estamos observando constituye, por contraste, una clara muestra de la ventaja que posee la neutralidad en materia de políticas públicas, frente a las opciones que privilegian la discriminación. Lo acontecido en los últimos meses, en los casos en que ha intervenido el Gobierno, constituye una muestra palpable del riesgo que representa romper el principio de la ley pareja.

Mientras prevaleció en Chile la lógica de las reglas uniformes, válidas para todos, tanto consumidores como productores y trabajadores se dedicaron a optimizar su situación sobre la base del marco vigente, y ello permitió que los esfuerzos por ganar productividad se convirtieran en una poderosa fuente de crecimiento económico. Cuando los agentes económicos perciben un ambiente de "pragmatismo flexible", más que el esfuerzo individual comienza a ser mucho más rentable para cada cual presionar por la obtención de alguna franquicia específica. En un cuadro de este tipo, que da origen a una "sociedad buscadora de rentas", la productividad se ve dañada, y con ello el crecimiento de la economía, en perjuicio de la mayoría. Lo sucedido en el país en los últimos meses, con presiones de fuerza que han derivado en paralizaciones de actividades sectoriales, y que además han dificultado el suministro de insumos a otras áreas productivas, ciertamente ha afectado la productividad de la economía. Si se toma en cuenta que la principal traba al crecimiento económico en Chile hoy en día es precisamente la dificultad que se enfrenta para mejorar la productividad, no deja de ser un contrasentido que se esté alentando este tipo de prácticas al abrir espacios a la discriminación en favor de determinados grupos o sectores.

El alza que se ha observado en el precio internacional de los combustibles da cuenta de una nueva realidad que no se puede soslayar. Y aunque parece haber buenas razones para pensar que esta situación debería ser transitoria, nadie está en condiciones de predecir cuándo se va a producir un cambio de tendencia. Siendo de la esencia de un sistema de mercado el que los precios operen como señales indicativas de escasez relativa, no es en absoluto conveniente alterarlos en forma artificial, ya que ello impide una adaptación a patrones de uso más eficientes. Si a la disminución de precios que genera el Fepco -que en la práctica no está operando como mecanismo de estabilización, sino como instrumento de subsidio- se añaden los beneficios adicionales entregados a sectores específicos, la distorsión de precios puede alcanzar un grado mayúsculo.

Sin embargo, no deja de ser contradictorio que todo esto tenga lugar en un contexto en que simultáneamente existe una tributación determinada, que por su propia naturaleza ya altera los precios en forma artificial. Por tanto, esta coyuntura parece ser la adecuada para revisar la tributación a los combustibles, reemplazándose el Fepco por una disminución en los impuestos específicos de aplicación general (regla pareja), evitándose así todos los costos que derivan de un esquema discriminatorio que abre las puertas a las presiones sectoriales.