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G. Orellana, L. Castañeda, K. Niklander

Más que los aumentos de costos, la menor producción de sus yacimientos, el precio del cobre y la estrechez energética, la subcontratación ha sido el verdadero gran dolor de cabeza que ha debido enfrentar la administración de José Pablo Arellano en sus casi dos años al mando de Codelco.

Y el último gran golpe fue el informe de la Dirección del Trabajo, que obliga a la empresa a pasar a planta a 4.934 contratistas, elevando en US$ 300 millones anuales sus costos. La compañía rechazó desde un principio la medida y ayer tomó la drástica determinación de presentar tres recursos de protección a los que pronto se agregarán otros más.

"Codelco discrepa con los criterios de interpretación de la ley", señala un comunicado oficial entregado por la empresa y que da cuenta de la decisión de la estatal.

Recursos fiscales

"La administración de Codelco tiene la obligación (...) de resguardar los intereses de la empresa y sus oportunidades de desarrollo, porque de esta forma cuida los intereses de todos los chilenos, especialmente de los más pobres", señala el escrito presentado por la compañía.

La medida fue largamente discutida al interior de la empresa. En la última reunión de directorio, realizada hace algunos días, la mesa cerró filas en torno a José Pablo Arellano.

La instancia -que integran representantes de los trabajadores y también los ministros de Minería y Hacienda, Karen Poniachik y Andrés Velasco, respectivamente- acordó mantener en reserva las resoluciones al respecto. "El tema se abordó largamente", señaló un integrante del directorio.

Allí, Arellano se dio cuenta de que tenía el suficiente apoyo y, por ende, decidió que procedía recurrir a tribunales.

Pero la decisión igualmente irritó al oficialismo.

Los diputados de la comisión de Minería, Antonio Leal y Jaime Mulet -quienes, además, representan a zonas con presencia de la minera-, rechazaron la judicialización del informe e incluso adelantaron que citarán a declarar a Arellano, para que dé explicaciones. (Ver tema relacionado)

"Manifiesto mi rechazo a que Codelco haya judicializado, a través de este recurso de protección, el tema. Si bien puede hacerlo, de acuerdo con la ley, está tratando de invalidar las facultades de la Dirección del Trabajo, haciéndole un daño al mundo laboral", acusa Leal. Más allá fue Mulet, quien sostuvo que no es posible que exista tal grado de discrepancias entre dos personas que ostentan cargos de directa confianza de la Presidenta.

A tribunales podría ir también Minera Escondida, la segunda empresa a la que la Dirección del Trabajo entregó las resoluciones de la fiscalización. La empresa, que está obligada a incorporar 767 contratistas, también está evaluando la vía judicial para impedir esta medida.

Directora del Trabajo advierte que la judicialización puede hacer perder eficacia a ley de Subcontratación

La directora del Trabajo, Patricia Silva, señaló que en un Estado de Derecho las empresas pueden reclamar judicial o administrativamente si no están de acuerdo con los resultados de la fiscalización.

No obstante, expresó su preocupación porque con esta respuesta judicial se pueda hacer perder eficacia a la ley de Subcontratación si los trabajadores tienen finalmente que demandar en forma individual al empleador ante los tribunales para constatar quién es el verdadero empleador.

De los 54 casos resueltos por la Corte Suprema hasta la fecha, sólo el 30% han sido a favor del pronunciamiento de la Dirección del Trabajo. Se trata de recursos de protección que en opinión de la directora apuntan a la forma y no al fondo. Además, indicó que los fallos del máximo tribunal han sido dispares.

En algunos de estos pronunciamientos se plantea que al ordenar la internalización de trabajadores, la Dirección del Trabajo se ha constituido en comisión especial, determinando la existencia de contratos y declarando la simulación de otros, materia que corresponde a los tribunales de justicia, por lo que se vulnerarían normas constitucionales.

Uno de los votos en contra ha sido el del ministro Pedro Pierry, en cuyo concepto, el ente fiscalizador tiene la facultad para calificar jurídicamente los hechos fiscalizados, por lo que no existe garantía constitucional que pudiera protegerse a través de esos recursos, puesto que las inspecciones del Trabajo no han actuado como comisión especial, sino en el desempeño de una actividad administrativa y por expreso mandato de la ley.

El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, sostuvo que las empresas que se han visto afectadas por las resoluciones de la Dirección del Trabajo tienen diversos recursos a los que pueden recurrir y que en el caso de Codelco la empresa utilizó uno de estos recursos, lo que "es un derecho".

Andrade trató de bajarle el perfil al tema y señaló que "aquí hay una agencia pública que ejerce sus competencias y sobre la base de una ley fiscaliza su cumplimiento y hay una empresa que utiliza un recurso legal y eso es parte de los derechos y de las obligaciones que tienen tanto las agencias públicas como las empresas públicas y privadas, y están en el marco de lo que es la normalidad institucional, no veo en eso otra connotación".

La directora del Trabajo informó que si las empresas mineras no cumplen con corregir la infracción que se constató en el proceso de fiscalización, en un plazo de 15 días la institución comenzará a aplicar multas, las que pueden llegar hasta 300 Unidades Tributarias Mensuales ($10.266.600).

Las empresas mineras que han recibido el informe de fiscalización son Codelco y Escondida. En los próximos días se entregarán los de Pelambres y Collahuasi, dijo la directora, quien fue consultada sobre el tema durante el lanzamiento oficial de la campaña de fiscalización del trabajo agrícola de la temporada 2007-2008 en un predio de la comuna de Paine.