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M.G. Dalgalarrando y B. Ebner

Durante una agitada sesión en el Congreso, el Gobierno revalidó ayer el acuerdo sobre educación sellado con la Alianza en noviembre pasado y negó el patrocinio a una indicación que pretendía congelar los aranceles a los colegios subvencionados que tienen financiamiento compartido.

Tras un acalorado debate en la Cámara de Diputados, al cual concurrieron partidarios de la Alianza que gritaron y abuchearon desde las graderías, se rechazaron dos indicaciones propuestas por diputados de la Concertación para incluir en el proyecto de ley que aumenta en 15% la subvención escolar (ver recuadro).

La indicación más polémica, sobre el financiamiento compartido, no obtuvo la venia del Ejecutivo, luego que la Alianza amenazara con poner "luz roja" al acuerdo educacional si se aprobaba. La oposición esgrimía el argumento de que el financiamiento había sido marginado de dicho pacto a petición del Gobierno y en aras de lograr un consenso.

"Esto no es un gesto (político), lo que hizo el Gobierno fue hacer cumplir el acuerdo que suscribió con la Alianza. Actuó con coherencia", aseguró la diputada UDI Marcela Cubillos.

Ante esto, los parlamentarios de la Concertación mostraron su disconformidad. "La derecha extremó mucho su actitud con una cosa que era bastante específica y puntual, diciendo que esto estaba relacionado con el primer acuerdo político, que en realidad no tenía ninguna relación porque siempre se dijo que esto no era parte del acuerdo político", arguyó el diputado Carlos Montes (PS), autor de la indicación. Afirmó que con ella "no se ponen trabas al financiamiento compartido".

Pero el Gobierno se mantuvo firme. El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, reafirmó el acuerdo político al no dar su visto bueno a la iniciativa. Así también lo hizo la ministra de Educación, Yasna Provoste.

"Esa indicación no contaba con el patrocinio del Ejecutivo, no estaba en la dirección que este proyecto busca para aumentar los recursos, haciendo mayores esfuerzos en aquellos sectores que tienen más necesidades", dijo Provoste.

La otra indicación conflictiva se refería a que los profesionales que diagnostican a un niño con necesidades especiales -y que recibe más subvención- no sean funcionarios del mismo colegio.

La iniciativa fue rechazada por una abstención, la del diputado PS Marcelo Díaz, quien, como vicepresidente de la Cámara, presidía la sesión.

Al término de la discusión, los diputados oficialistas se recriminaron por haber perdido el debate. Las mayores críticas recayeron sobre Díaz, a quien se le enrostró que se fuera de la Concertación. El radical Fernando Meza comentó a sus colegas que "se está desgranando el choclo", en alusión a la evidente pérdida de la mayoría en la Cámara.

Histórica alza de la subvención escolar

Desde enero los más de dos millones 600 mil alumnos que viven en ciudades dejarán de recibir los $32.180 mensuales de subvención escolar y pasarán a percibir $36.887. Ésos son los cálculos que estimó la subsecretaría de Educación para el aumento de la subvención en un 15% de todos los alumnos del sistema escolar.

La iniciativa, que fue anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo pasado, ya se comenzó a hacer realidad, tras la aprobación de este proyecto de ley ayer en el Congreso y que ahora está listo para ser promulgado.

"Queremos pagar la subvención lo antes posible. Quisiéramos haberla pagado desde el primero de enero", declaró la ministra de Educación, Yasna Provoste, aunque el pago se hará de forma retroactiva. Luego de que el Senado aprobara por mayoría absoluta la iniciativa en su tercer trámite, la jefa de la cartera declaró que "es un día histórico para la educación chilena".

Pero el aumento de los recursos no para ahí. Los alumnos rurales serán los más beneficiados porque además del aumento del 15% se les agregará un 10% adicional por vivir en mayores condiciones de vulnerabilidad. De hecho, un alumno rural incluso podría llegar a percibir más de $ 69 mil mensuales.

También, el proyecto apoya a los más de cuatro millones de adultos que no han terminado su enseñanza escolar, aumentando su subvención en un 42%.

La ardua historia de un pacto para reformar la enseñanza

De las manos, los representantes del Gobierno, la Concertación y la Alianza sellaron el acuerdo de educación en noviembre pasado. Esa emblemática imagen fue el resultado de cuatro meses de trabajo de un comité político-legislativo entre los dos bloques parlamentarios, que simbolizaba un gran paso para sacar adelante la reforma de la calidad de la educación.

El comité se constituyó después de que la oposición formulara una propuesta alternativa al proyecto de Ley General de Educación (LGE), que había elaborado el Gobierno tomando en cuenta las resoluciones del Consejo Asesor Presidencial que sesionó en 2006 para dar soluciones al problema de la calidad educativa. La Alianza condicionó su apoyo sólo si su propuesta era considerada.

Así, un grupo de parlamentarios y técnicos de ambas coaliciones se reunieron para lograr un consenso. El lucro y la selección fueron los temas conflictivos de la negociación y casi hicieron hundir el trabajo del equipo, luego de que se conociera que el Gobierno cedió a no poner fin al lucro y que la no selección sería sólo hasta sexto básico.

Pero el impasse fue resuelto y los presidentes de los partidos políticos pusieron su rúbrica al acuerdo pre-legislativo en La Moneda, asegurando un piso político para una pronta aprobación de las reformas en el Congreso.

En diciembre, el pacto vivió su primera prueba con la tramitación de la subvención preferencial, que recogía puntos del acuerdo. Aunque esta fue aprobada, la Alianza se quejó de que parlamentarios de la Concertación ya habían desconocido el acuerdo, luego de que votaran en contra algunas indicaciones.