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BLANCA ARTHUR

Fue el miércoles 30 de abril cuando el ministro José Antonio Viera-Gallo mostró las cartas. Ese día sorprendió a los máximos dirigentes aliancistas con el anuncio de que el Gobierno le ponía discusión inmediata a la reforma constitucional que posteriormente permitiría legislar para que las fuerzas minoritarias, como los comunistas, pudieran acceder al Congreso.

En una operación que comenzó a fraguar a comienzos de año, La Moneda -con la anuencia de los partidos de la Concertación- optó por conminar a la derecha a que se pronunciara, una vez más, si era o no partidaria de modificar el sistema electoral que hasta ahora ha impedido que el PC tenga representación parlamentaria.

El cálculo del Gobierno fue que, a diferencia de oportunidades anteriores, al alero de una verdadera cruzada contra la exclusión, esta vez el panorama le era más propicio.

No es que pensaran que la reforma se aprobaría. Por el contrario, estaban convencidos de que no sería así, pero Viera-Gallo emprendió la operación con la certeza de que en esta ocasión existían más elementos para que la derrota, más que costos, tuviera beneficios.

Desafío a Piñera

Lo primero que La Moneda tuvo en consideración para lanzarse a desafiar a la oposición, desahuciando incluso tratativas que estaban pendientes, fue que la posición favorable mostrada por el presidenciable de RN, Sebastián Piñera, como por dirigentes de ese partido, le permitirían enrostrarle no sólo una actitud poco democrática, sino acusarlo de no respetar su palabra.

Embarcando a toda la Concertación en la estrategia, el Gobierno calculó que, además, podía poner en jaque el liderazgo de Piñera al encararle su incapacidad para alinear a los parlamentarios de su propia colectividad, quienes preferían sumarse a la posición más dura de la UDI.

Contrariamente a lo que se supuso incluso en La Moneda, el rechazo que anunciaba RN no sólo respondía a la decisión de actuar en forma unida con sus aliados, sino a que el propio presidenciable no estaba disponible para aprobar la reforma.

En RN -como en el piñerismo- admitieron que el desafío podía enredarlos. Pero prefirieron pagar el costo de aparecer como inconsecuentes, que el que podría significarles a futuro abrirse a entregarles tres diputaciones a los comunistas -como proponía el proyecto-, permitiendo que éstos quedaran como árbitros en la Cámara durante un gobierno que aspiran a encabezar, sobre todo sabiendo que la Concertación recuperará la mayoría en el Senado.

Consciente de que enfrentaría una dura arremetida, Piñera estaba preparado para contraatacar con el mismo argumento que ha esgrimido en otras ocasiones: que su respaldo a un posible cambio electoral siempre ha estado condicionado a que, en paralelo, se aprueben otras normas tendientes a perfeccionar la democracia, como la inscripción automática y el voto voluntario, pero especialmente aquellas que pongan fin a la intervención electoral.

Como el golpe de efecto de esa postura era menor frente a los ataques que recibía en su círculo, como en RN, se acordó que, junto con denunciar una maniobra en su contra, se tratara de que quedara en claro que la verdadera intención del Gobierno al conminar a votar la reforma ahora era porque existía un acuerdo con el Partido Comunista.

Pacto con el PC

En La Moneda no desconocen que, en parte, ello es cierto. Eso no significa que admitan que se trate de un pacto secreto -como sugirió Piñera-, pero sí que el impulso a la modificación electoral responde a un compromiso asumido por la propia Presidenta luego de que el PC pusiera como la primera de las cinco condiciones para respaldarla en la segunda vuelta que le diera prioridad al cambio al binominal.

Lo que no aparece tan nítido, pero que fue determinante en la decisión del Gobierno de acelerar el trámite, aun sabiendo que no prosperaría, fue que de esa manera quedaba en pie el entendimiento con los comunistas.

En la perspectiva de las autoridades, por una parte le demostraban al PC, especialmente a sus bases, que se había realizado el máximo esfuerzo. Pero, además, la negativa opositora les permitía socializar la idea de que la derecha es partidaria de la exclusión, lo que les allanaba el camino para concretar un acuerdo electoral al permitir que pudieran desaparecer las aprensiones que aún existen en la DC.

Es cierto que la jugada puso en alerta a la oposición, pero sus dirigentes admiten que finalmente en la medida en que no se imponga solamente la tesis de la exclusión, el acuerdo de la Concertación con el PC podría incluso favorecerlos en su intento por atraer a las bases democratacristianas.

¿Fin de nueva mayoría?

En todo caso, existe coincidencia en que la principal habilidad de la operación de Viera-Gallo ha sido focalizar su propuesta, más que en el cambio al sistema electoral -que de hecho no lo contempla-, en el tema de la exclusión de los grupos minoritarios.

La prueba es que la ofensiva del ministro tampoco desestimó la posibilidad de producir un quiebre en la llamada nueva mayoría que intenta forjar la Alianza con los "colorines" y ChilePrimero, al partir de la base de que estos últimos no rechazarían una reforma que en el futuro podría darles la posibilidad de acceder al Congreso con su propia fuerza.

En la misma Alianza admiten que ello tuvo un primer efecto al conseguir que en la Cámara, lo mismo que se presume que ocurrirá en el Senado, los independientes aparezcan nuevamente aliados con la Concertación en la que ha sido una de sus banderas de lucha históricas.

Eso no quiere decir que la oposición considere que exista un retroceso en sus intenciones de ir generando un acercamiento con ellos. De hecho, aluden a que, más allá de esta reforma, tienen lista una iniciativa conjunta para combatir la intervención electoral.

¿Otras alianzas?

Lo concreto es que después de la operación de Viera-Gallo, que culminará con el anunciado rechazo en el Senado a la reforma, no se descarte que la exclusión de los partidos minoritarios termine conformando nuevos pactos para las próximas contiendas electorales.

Como las dos grandes coaliciones saben que el triunfo dependerá del respaldo de los grupos marginales, en la Alianza tienen claro que si quieren contar con el respaldo de los movimientos liderados por Adolfo Zaldívar y Fernando Flores deberán entregarles algunos de sus propios cupos en las parlamentarias. Una situación que podría replicarse en la Concertación con los comunistas, todo con impensadas consecuencias.