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RICARDO DOWNEY

Casi 50 mil condenados por diversos delitos cumplen sus penas fuera de los recintos carcelarios, y quienes deben velar por que se verifiquen los requerimientos que los tribunales les impusieron para gozar de ese beneficio son los delegados de libertad vigilada.

El problema es que estos funcionarios de Gendarmería están ampliamente superados en sus capacidades, tanto por la cantidad de personas que deben atender, así como por los pocos medios con que cuentan para ello.

Un reciente informe del Ministerio de Justicia al Senado, a requerimiento del senador Alberto Espina, señala que la ley establece que cada delegado de libertad vigilada tendrá a su cargo a 30 beneficiados como máximo, pero que al mes de enero de este año a nivel nacional cada uno de esos funcionarios atendía en promedio a 58,7 personas.

"Eso es lo que dice la ley", señala Ingrid Reyes, presidenta metropolitana de la Asociación de Profesionales y Técnicos de Gendarmería, pero la normativa interna eleva esa proporción a 40 y la realidad es que cada uno atiende a más de 70 personas, y se llegó incluso a cien, con lo cual, obviamente, no se puede cumplir con el fin último de la medida, cual es lograr la rehabilitación y reinserción social del condenado, precisa.

La dirigenta se desempeña desde hace 11 años en el Centro de Reinserción Social (CRS) de calle San Isidro 811, el más grande de Chile, que atiende a todo el cordón de comunas del sector sur de Santiago, que concentran la mayor cantidad de delitos violentos de todo el país.

Allí laboran 70 personas, 35 de ellas profesionales, casi en su totalidad asistentes sociales y sicólogos, que tienen a su cargo cerca de 8 mil libertades vigiladas y remisiones condicionales.

Sobre estas últimas, y las reclusiones nocturnas, la ley establece que su control debe estar a cargo de un funcionario por cada 200 condenados, pero el informe de Justicia señala que en promedio atienden a 298,5.

Ingrid Reyes señala sin embargo que el mayor problema no está allí, pues las remisiones condicionales consisten básicamente en hacer cumplir el compromiso del condenado de firmar regularmente, e insiste en que la verdadera crisis del sistema está en el cumplimiento de las libertades vigiladas.

Explica que con la reforma procesal penal el impacto fue brutal por el aumento en los ingresos, y al sistema de cumplimiento de condenas en el medio abierto no se le prestó ningún apoyo. Sólo la entrega de recursos en 2007 permitió bajar de 100 a 50 el promedio de condenados atendidos por cada funcionario, pero que hoy nuevamente está subiendo y la proporción ya bordea uno por setenta.

A esta sobrecarga laboral, indica la dirigenta, se deben sumar las pésimas condiciones de trabajo, tanto en el recinto de San Isidro como en las visitas domiciliarias que deben hacer a los condenados, dos al mes precisa la ley, en poblaciones de alto riesgo y peligrosidad.

Para ello, dice, no cuentan con vehículos ni asignación de riesgo. A lo anterior, se deben sumar las bajas rentas, ya que el 90% del personal no es de planta.

Si al escaso apoyo institucional se suma la falta de colaboración de las redes sociales para lograr reinsertar al condenado en su comunidad, no deben extrañar los malos resultados en rehabilitación, señala Ingrid Reyes.