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The Economist

A través del mundo desarrollado, los gobiernos solventes han nacionalizado temporalmente los bancos cuya supervivencia estaba en duda. A Argentina, la que a menudo se parece al resto del mundo pero vista a través de un espejo distorsionado, le gusta hacer las cosas en forma diferente. En esta nación sudamericana el sistema de pensiones privado, el que ha sufrido pérdidas de inversión pero por otra parte es sólido, enfrenta la nacionalización permanente de un gobierno cuya propia solvencia ha sido puesta en duda.

El efecto inmediato fue dejarlos menos protegidos: el índice bursátil de Buenos Aires -el Merval- cayó 24% en dos días y los inversionistas inundaron el mercado con bonos argentinos, lo que hizo aumentar desmesuradamente su rentabilidad al 28%. Numerosos economistas y políticos opositores temen que la intención del gobierno sea depredar los fondos de pensiones para tapar un agujero fiscal cada vez mayor.

"Un robo legalizado": fue así como el periódico La Nación lo calificó en un editorial.

El Presidente conservador Carlos Menem estableció el sistema de pensiones privado en 1994. Este plan permitía que los trabajadores escogieran entre permanecer en el sistema estatal o cambiarse. Para 2003, el 84% de los trabajadores con un plan de pensiones había optado por los nuevos fondos privados. Ellos tienen 9,5 millones de cuentas y activos de US$ 30 mil millones. Son los inversionistas más grandes en los disminuidos mercados de capitales de Argentina. Su traspaso haría que fuera muchísimo más difícil reunir dinero para las firmas locales.

El sistema privado, el cual ahora comprende 10 fondos cuyos administradores incluyen al HSBC de Gran Bretaña y el BBVA de España, ha tenido sus problemas. Su introducción implicaba un costo de transición para el gobierno, a medida que caía el flujo de pagos al plan estatal. Éste fue uno de varios factores detrás del colapso financiero de Argentina en 2001, en el que el gobierno dejó de pagar deudas por US$ 81 mil millones.

Los retornos de los fondos han sido decepcionantes, en parte porque cobran grandes comisiones, pero también porque el Estado les ha exigido que mantengan una cantidad de bonos del gobierno (éstos ascienden al 55% de sus carteras). En 2001, en un esfuerzo desesperado por impedir el incumplimiento de la deuda, Domingo Cavallo, ministro de Economía, los obligó a cambiar bonos (y efectivo) por documentos de baja rentabilidad o de largo plazo.

El año pasado, Néstor Kirchner, esposo de Fernández y su predecesor en la Presidencia, obligó a los fondos a deshacerse de algunas de sus inversiones extranjeras. Igualmente, permitió que los tenedores de cuentas individuales volvieran al sistema estatal sin ningún costo (1,2 millones lo hicieron así).

Antes de las elecciones presidenciales del año pasado, Néstor Kirchner aumentó el gasto público, especialmente en los salarios y pensiones del sector público. Ahora el gobierno está necesitado de dinero. Contaba con los impuestos a las exportaciones agrícolas. Pero el precio mundial del poroto de soya cayó en 44% en tres meses, lo que redujo los ingresos tributarios en US$ 2.700 millones. Y durante los próximos dos años vencen US$ 23 mil millones de la deuda pública.

Argentina no ha podido posponer el pago de esta deuda porque la falta de confianza de los inversionistas en el gobierno los ha llevado a exigir tasas de interés astronómicas. El principal comprador extranjero de bonos argentinos hasta hace poco ha sido Venezuela, pero Hugo Chávez pide un alto interés, y de todos modos ahora tiene sus propios problemas fiscales.

Al proponer la nacionalización, Fernández ha debilitado todavía más la confianza en la solvencia de su gobierno y en los derechos de propiedad.

"¿Dónde se va a detener el Estado ahora?", pregunta Miguel Kiguel, ex funcionario de finanzas. "Hoy están tomando los fondos de pensiones. ¿Qué viene después?".