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PILAR MOLINA A.

A pesar de todas las denuncias formuladas de que habría hasta 100 mil exonerados "truchos", en el Ministerio del Interior defienden lo correcto del Programa del Exonerado Político, que depende de esa cartera. Creen que las críticas son por desconocimiento, pero también que las asociaciones de exonerados denuncian fraudes pensando en que les tocarían más fondos si fueran menos, lo cual es incorrecto.

Pero lo cierto es que casi 259 mil personas han postulado a beneficios fiscales al amparo de las tres sucesivas leyes (ver recuadro) que aprobó el Congreso para personas despedidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, de la administración o empresas públicas o privadas que fueron intervenidas o confiscadas. La pensión promedio que reciben es del $147 mil pesos.

Raúl Celpa, presidente de la comisión de exonerados políticos, denunció que cuando se promulgó la primera normativa, con Aylwin, se firmó un protocolo en el que se acordaba que el número de exonerados no excedería de los 55 mil y que "todo lo que vaya más allá es un cuento".

Hoy suman más de 145 mil las personas consideradas en esa calidad -defienden en Interior-, porque ellas han podido probar lo que les exigió la ley, que fueron despedidas entre 1973 y 1990 y por razones políticas.

"Si la ley tiene una anomalía, es problema de la ley, pero nosotros la hemos seguido paso a paso", señaló ayer Marta Joignant, jefa del Programa de Exonerados Políticos de Interior.

El beneficio previsional

También tienen argumentos para explicar que en las sucesivas leyes se fuera ampliando el número de postulantes y beneficiados. Con la última ampliación de plazo que dio el gobierno de Ricardo Lagos, más de 155 mil personas presentaron solicitudes, y con las dos leyes anteriores, el número total de postulantes se empinaba sobre los cien mil. Explican que éste es el efecto de que se trate de una ley con beneficio previsional, lo cual despierta el interés de la gente por mejorar sus pensiones.

Las dos últimas normativas, además de ampliar los plazos, incorporaron más personas: militares, funcionarios del Congreso y del Poder Judicial y campesinos, porque también se interpretó que acreditaban su calidad de ex asentados, emplazamientos a los cuales el Estado puso término.

No hay fraudes

Hoy no hay casos pendientes, el último plazo para postular al programa se cerró en junio de 2004. Lo único que está abierto, relatan las fuentes oficiales, son apelaciones de solicitudes rechazadas. El plazo para reclamar vencerá a mediados de 2009, a solicitud de los parlamentarios que pidieron en 2007 ampliar los plazos de apelación.

La comisión que resuelve recibe los casos previamente revisados por 13 analistas. La integran cinco miembros designados por la Presidenta: dos abogados del Ministerio del Interior (Juan Manuel Valle y Julia Panes); el jefe de la unidad técnica de los analistas, Héctor Cereceda; un abogado del departamento jurídico, y la preside Marta Joignant, la jefa de la oficina.

Son ellos los responsables de decidir quién sí y quién no califica como "exonerado". Trabajan en conciencia, cuentan. Incluso, se inhabilitan frente a algún conocido, y todo el trabajo de esta oficina es a honorario. Cuando el programa finalice, a mediados de 2009, deberán buscar empleo.

Añaden que ellos no tienen conocimiento de fraudes, que siempre puede haber. Niegan que baste con la carta de un parlamentario para acreditar que una persona fue exonerada o militante.

"Los postulantes tienen que presentar antecedentes para certificar su calidad de despedidos por motivos políticos, y para ello sirven bandos, decretos, hasta el libro de Manuel Contreras ha sido útil para calificar. También puede ser la declaración de testigos, pero la militancia sólo puede acreditarla el secretario general de un partido, no cualquier parlamentario. Y si se acredita la militancia, tampoco basta, se requiere todo un contexto para producir convicción", señalan en Interior.

Añaden que a la comisión podrá pasársele un caso, pero jamás miles, como se acusa ahora al programa de ser una fuente de beneficios sociales para gente apadrinada políticamente.