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CINTHYA CARVAJAL Y XIMENA PÉREZ

Una política integral para enfrentar en las respectivas competencias la situación de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y la de los menores afectados por ella fue una de las demandas que hizo ayer el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, durante la cuenta pública que inauguró el Año Judicial 2009.

Según explicó, las cifras demuestran que es un "serio problema", pues durante 2008, de más de 372 mil causas ingresadas por asuntos de familia, 95 mil, es decir, más del 25%, corresponden a violencia intrafamiliar.

A su juicio, y al igual que con la delincuencia juvenil, "la acción casuística de los tribunales no es suficiente", y se requiere que los "organismos competentes adopten medidas de otro orden".

Marín planteó como prioridad identificar las causas y tendencias de "este preocupante fenómeno social", para luego fijar una política integral.

Otro "grave problema social", planteó el presidente del máximo tribunal, es la delincuencia juvenil. A su juicio, la detención, formalización o condena de un adolescente no representa un logro, sino "una derrota en su debida protección y desarrollo integral".

Al término de la ceremonia, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que para el Ministerio Público la violencia intrafamiliar "es una prioridad", y se sumó al planteamiento de Marín advirtiendo que el fenómeno "escapa a los organismos de represión y persecución penal".

Consultado por el alto porcentaje de casos que pese a ser denunciado ante la justicia no termina en condena -en 2008 alcanzó al 49,4%-, Chahuán explicó que por la baja penalidad que tiene un delito como el de amenazas (61 días), los fiscales normalmente optan por la suspensión condicional del procedimiento, ya que así pueden obtener medidas de protección para las denunciantes.

Chahuán reconoció defectos en el control de tales medidas cautelares, y subrayó que "ese control no es resorte exclusivo de la fiscalía, no es nuestra responsabilidad".

"Estamos dispuestos a revisarlo, pero no todos los juicios o todas las investigaciones por violencia intrafamiliar pueden llegar a condena. El sistema no está concebido así, y la ministra del Sernam lo sabe", agregó el fiscal nacional.

Chahuán recordó que el Ministerio Público implementó proyectos piloto de intervención inmediata en ocho regiones, y que pretende extenderlos a otras cuatro, que se elegirán entre las de Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Biobío, Araucanía, Aisén y Arica-Parinacota.

Transparencia, eficiencia y atención a los usuarios son las prioridades para este año

Mejorar la transparencia, la eficiencia y la atención a los usuarios son los desafíos en los que se deberá enfocar en 2009 el Poder Judicial, aseguró ayer el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín.

Al cerrar su revisión al trabajo realizado durante 2008, el ministro señaló que "aspiramos a una justicia que llegue a quienes la necesitan, cuando la necesitan. Y que sea valorada por la comunidad, porque existe certeza de que procedió en forma honesta".

Respecto de la transparencia, y junto con valorar los avances en mayor acceso a la información que significaron los cambios a la página web institucional, Marín afirmó, citando a Voltaire, que "el ocultamiento de la verdad es el inicio de la corrupción de las costumbres".

"No basta que sea amplia la publicidad de los actos y resoluciones judiciales y expedito el acceso a la información. Lo que realmente importa es que ambos permitan comprobar que la acción judicial se lleva a cabo correctamente. Es lo que queremos lograr por estas vías: mostrar todo el tiempo que el Poder Judicial es honesto y trabaja con eficiencia", precisó.

Su discurso también hizo hincapié en la evaluación interna del Poder Judicial y en la probidad judicial, destacando que lo que corresponde es investigar las irregularidades y, si procede, corregirlas con los medios que franquea la ley. "Nuestro compromiso con esta exigencia lo demuestran los más de 14 casos en que la Corte castigó severamente tales anomalías en 2008", recordó. Urbano Marín también apuntó a la necesidad de hacer una revisión completa del sistema de capacitación y perfeccionamiento de los jueces y funcionarios a cargo de la Academia Judicial, y reorganizar y modernizar la secretaría de la Corte Suprema.