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X. PÉREZ, C. CARVAJAL Y O. SAAVEDRA

Tras más de cuatro meses de trabajo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza concluyó el catastro que le encomendó la Corte Suprema para chequear las contraórdenes de libertad emitidas por los tribunales de la Región Metropolitana desde que se inició la Reforma Procesal Penal. El magistrado detectó anomalías en más de 500 resoluciones, que no figuran en el Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ).

Al comienzo de su indagatoria, el magistrado cifró en 16 mil las contraórdenes que aparecían con inconsistencias al cotejar los antecedentes entregados por el Registro Civil con los del SIAGJ. Luego esa cifra bajó a 13.000 -al detectar que había resoluciones que en la primera entidad habían sido digitadas dos veces-, y finalmente, tras revisarlas detalladamente, estableció que entre un 5 y 10 por ciento de las resoluciones eran "críticas" y corrían el riesgo de ser falsas y haber beneficiado a presos.

Lo anterior, sin embargo, sólo podría establecerse revisando una a una las contraórdenes anómalas, tarea que podría ser encomendada al mismo magistrado, ampliándole la indagatoria para la cual le dieron dedicación exclusiva en octubre pasado.

Así se podría determinar si hubo más reos que obtuvieron su libertad mediante resoluciones falsificadas, como ocurrió con el caso que encendió las alarmas sobre la red de corrupción judicial y policial desbaratada el año pasado (ver nota lateral).

En su catastro, el magistrado cotejó los antecedentes recibidos por el Registro Civil, Carabineros, la PDI y Gendarmería, con los existentes en el SIAGJ, y detectó las más de 500 contraórdenes que aparecían en la primera institución, pero no en el sistema del Poder Judicial.

Las contraórdenes que llegan a Carabineros y a la PDI deben pasar por el Registro Civil, y por ello la indagatoria se centró en los antecedentes entregados por dicho organismo al magistrado y su equipo de trabajo.