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Tribunal pidió la detención del Mandatario sudanés, Omar Al Bashir, por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región de Darfur, donde han muerto 300 mil personas.

La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó ayer el arresto del Presidente de Sudán, Omar Al Bashir, por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región de Darfur, aunque la negativa de Jartum a entregarlo hace que su comparecencia ante este tribunal sea incierta.

Al Bashir, quien ocupó el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 de junio de 1989, es el primer jefe de Estado en funciones contra el que la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto.

La CPI, que no incluyó en su petición la acusación de genocidio solicitada por el fiscal Luis Moreno Ocampo, estimó que "hay motivos razonables para creer" que Al Bashir, de 65 años, es responsable de "asesinatos, exterminaciones, torturas, traslados forzados, violaciones, ataques contra civiles y saqueos" en Darfur, consignó AFP.

En tanto que "Presidente del Estado de Sudán y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas sudanesas", Al Bashir tiene "el control total" del ejército, la policía y las milicias que atacan a los civiles en Darfur, provincia del oeste de Sudán, desgarrada desde 2003 por una guerra civil que ha causado 300 mil muertos y 2,7 millones de desplazados, según cifras de la ONU.

"No trataremos con este tribunal", reaccionó el ministro sudanés de Justicia, Abdel Basit Sabdarat. "No es competente (para Sudán). Se trata de una decisión política", acusó. Este país no firmó el Tratado de Roma que en 2002 creó la CPI.

"A aquel que intente cumplir la orden de captura, le cortaremos las extremidades", amenazó por su parte el jefe de los servicios secretos, Salah Gosh.

Por su parte, el tribunal transmitirá "inmediatamente" la demanda a Sudán, a los Estados integrantes de la Corte y a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, para que cooperen en la detención y traslado de Al Bashir a La Haya.

La CPI depende de la voluntad de los Estados para que se cumplan sus órdenes de detención, recordó AFP.

El fiscal Moreno Ocampo estima que el Gobierno de Sudán está obligado a ejecutar la orden. "Puede ser en dos meses o dos años, pero enfrentará a la justicia", añadió, según la agencia Reuters. De lo contrario "el Consejo de Seguridad de la ONU deberá actuar en consecuencia para que obedezca", afirmó.

Sin embargo, Sudán cuenta con el apoyo de Rusia y China, ambos países con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Moscú calificó ayer como un "precedente peligroso" la orden de captura dictada por la CPI.

También tiene el respaldo de la Liga Árabe, que ya anunció que tratará de aplazar la orden de arresto. Según el Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad puede suspender la orden de detención por un año, medida sujeta a sucesivas postergaciones.

Justicia internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencia sobre los autores (individuos) de crímenes contra la humanidad, pero que hayan ocurrido después del 1 de julio de 2002, cuando comenzó a regir el Tratado de Roma que lo creó. Se diferencia de la Corte Internacional de Justicia, creada en 1946, en que ésta decide en conflictos entre gobiernos y no juzga a individuos. Además, están el Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia y el TPI para Ruanda, así como cortes especiales para Camboya, Sierra Leona, Líbano y Timor Oriental, que sólo juzgan los crímenes cometidos en dichos países.