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XIMENA PÉREZ G.

Opiniones encontradas generó entre los decanos de facultades de Derecho privadas la propuesta de sus pares de universidades tradicionales -dada a conocer ayer por "El Mercurio"- de aplicar un examen nacional voluntario para medir la calidad de los nuevos egresados.

Según la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Clara Szczaranski, se trata de una "excelente" idea, siempre que se incluya a otros planteles, además de las "Ues" tradicionales, en la creación y ejecución del sistema.

"Si uno ha preparado bien, los alumnos no tienen por qué temer una interrogación. El tema surge con quiénes debieran integrar la comisión examinadora o certificadora. Yo creo que por lo menos a nosotros nos gustaría participar en ella", advirtió.

En la misma línea se manifestó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Miguel Álex Schweitzer, quien aseguró que "es imprescindible que haya un examen de calidad", que a su juicio debería aplicarse sobre todo a quienes pretenden litigar en tribunales.

Asimismo, precisó que el proceso de acreditación de las facultades no es la mejor alternativa, porque implica el riesgo de "burocratizar" el sistema.

Juan Enrique Vargas, decano de la Universidad Diego Portales, en cambio, aseguró que "el examen nacional en Derecho es problemático, por varias razones", entre ellas que la enseñanza de esta disciplina está muy poco estandarizada, y hay distintas corrientes, por lo tanto, es complejo medir a través de una prueba destrezas y habilidades.

Asimismo, destacó que el rol de certificar la calidad hoy lo cumple la Comisión Nacional de Acreditación, y es ese mecanismo el que se debe fortalecer. Una postura que comparten el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Miguel Amunátegui, y la decana de la Universidad Central, Ángela Cattan.