• Últimas
  publicaciones

• Defensa pagó $ 94 millones a corporación creada por ex ministro Rojas
  (17/04/2009)
• Polémica por supuestos incentivos a médicos para que sugieran ciertas farmacias
  (17/04/2009)
• Becas en Ues privadas hacen que tradicionales capten menos estudiantes con altos puntajes
  (17/04/2009)
• Fotos que provocaron renuncia de subdirector de Investigaciones se conocían hace 8 meses
  (17/04/2009)
• Washington podrá explicar sus políticas
  (17/04/2009)
• Fasa anuncia que reembolsará en dinero a los consumidores
  (16/04/2009)
• Carabineros detuvo a médico acusado de tener clínica abortiva en Ñuñoa
  (16/04/2009)
• Un video muestra los incentivos que las farmacias entregan a sus dependientes
  (16/04/2009)
• Lujosos automóviles permanecen durante años en corral municipal
  (16/04/2009)
• PDI: Visita a club nocturno fue para intercambiar "conocimientos"
  (15/04/2009)
• Encuesta Ipsos da ventaja de 18,7 puntos a Piñera sobre Frei
  (15/04/2009)
• Madre que rechaza quimioterapia para su hijo: "Él me dice que no quiere sufrir más"
  (15/04/2009)
• Caso MOP-Gate: Chevesich acusa a Cruz y a otras 30 personas
  (15/04/2009)
• Tensa visita de Piñera a la familia de menor asesinada
  (15/04/2009)
• Longueira renuncia a comando de Piñera
  (15/04/2009)

PILAR MOLINA A.

El lunes 20 de abril tendrán que responder en sus páginas web 248 reparticiones del Gobierno a las mayores exigencias de información que les impone la nueva Ley de Transparencia. Ésta obliga además a los 346 municipios y los otros poderes y órganos independientes.

La entrada en vigencia de la Ley 20.285, promulgada en agosto pasado, no es cosa menor. Uno de sus dos autores, el senador UDI Hernán Larraín, que estuvo por largos años peleándola, la pondera como "la principal reforma del Estado en décadas, con impacto en la gestión pública, va a potenciar la probidad de los funcionarios y a incrementar significativamente la participación ciudadana".

Pero no ha sido fácil aterrizar en meses las nuevas exigencias para lo cual otros países, como Inglaterra, se tomaron 5 años.

Al Gobierno corresponde implementar la normativa y para eso se creó la Comisión de Probidad y Transparencia en la Segpres. La entidad ha capacitado a más de 3 mil funcionarios en todo Chile y otorgado herramientas que culminarán con mucha mayor información estadarizada por servicio en la web y sistemas que les permitirán recoger los reclamos de información, tramitarlos y responderlos.

El Ejecutivo se coordina además con el Consejo para la Transparencia que será el organismo que fiscalizará el cumplimiento de la nueva ley y tiene facultades para dictar normas e instrucciones. Los poderes independientes, como el Judicial o el Legislativo, tienen ellos que adecuarse a las nuevas exigencias. Lo mismo ocurre con los municipios, que tienen que asumir su propia puesta en escena. El Ejecutivo los ha respaldado sí, a través de la Subdere y la Asociación Chilena de Municipalidades.

El balance en el Gobierno es que están listos para partir.

"Absolutamente preparados. Las dificultades están circunscritas al manejo de los archivos históricos, pero la información reciente estará disponible al público que la consulte", señala Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Segpres.

Otra es la versión del senador Hernán Larraín y de Jaime Pavez, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

El senador UDI pidió al Consejo (autónomo e independiente del Ejecutivo) un plan de transición y no aplicar multas durante un año porque no quiere que el sistema pierda credibilidad. "No está claro que todos los organismos estén preparados. A mí me interesa la transparencia y no perjudicarla si eventualmente se saturan las páginas web o hay una avalancha de reclamos de información frustrados que terminan todos ante el Consejo".

Pavez confirma que "no más del 60%, y sólo parcialmente, podría cumplir el día 20 con subir a la web toda la información que exige la ley. El 40% restante está muy lejos. Y faltan cosas básicas, como que hay muchos municipios que ni siquiera tienen internet".

Por eso, al igual que el senador Larraín, le pidió al Consejo una aplicación gradual de la nueva ley. El Consejo podría acceder a ello. Pero su presidente, Juan Pablo Olmedo, pareciera no estar por revisar los plazos, por ahora:

"Un eventual perfeccionamiento de la legislación exige una evaluación previa del funcionamiento de la institucionalidad generada tras un tiempo razonable desde su entrada en vigencia el próximo 20 de abril".

El Consejo está en su propia constitución. Esta semana todavía no tenía reglamento (está en Contraloría) y tampoco planta telefónica.

Sí tiene contratados los cuatro directores de área y el director ejecutivo, que reclutó el Servicio Civil.

Claves del nuevo sistema de transparencia pública

Transparencia activa: Obliga a las reparticiones públicas a informar en sus sitios web estructura, facultades, personal (planta, contrata y honorarios) y sus sueldos; contrataciones de suministros materiales, servicios, estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, identificando a contratistas, socios y accionistas principales; actos o resoluciones que tengan efectos sobre terceros; trámites para los servicios; nómina de beneficiarios de los programas sociales en ejecución; presupuesto y su ejecución; auditorías y todas las entidades en que participe.

Transparencia pasiva (o acceso a la información): Se puede solicitar información a cualquier órgano de la administración (por escrito o a través de la web). Si la solicitud es admisible en lo formal (nombre, información que requiere), el jefe de servicio tiene 20 días hábiles para responder, plazo que se puede extender por 10 días más.

Sólo puede negarse el acceso si la información afecta a un tercero y éste se opone o si se configura una causal de secreto.

Reserva, la excepción: Sólo podrán negar información cuando darla afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido: porque está relacionada con delitos; porque son antecedentes previos a una resolución o medida política, o son genéricas y muy amplias.

También cuando hacerlo afecte el derecho de las personas, la seguridad de la nación, el interés nacional, o una ley de quórum calificado declare secreta la información reclamada.

Consejo para la Transparencia: Resuelve los reclamos por solicitudes denegadas. Puede ratificar la denegación (caso en el cual el reclamante sólo puede recurrir a la Corte de Apelaciones) u otorgar el acceso a la información.

Fiscaliza también el cumplimiento de la transparencia activa.

Las sanciones más altas son por infringir la transparencia pasiva. En los casos en que se reitera no darle la información a un ciudadano que la reclama, el castigo para el jefe del servicio puede llegar hasta el 100% de su sueldo y 5 días de suspensión del cargo.

"La ley no fue para nosotros"

No sólo no están capacitados para cumplir con las exigencias de la ley, sino que también tienen una serie de dudas respecto de ellas, dice el presidente de la Asociación de Municipalidades.

"El sistema no estaba pensado para los municipios. Nos metieron a último minuto, y ni nos consultaron. Los legisladores nos imponen deberes que no se imponen a sí mismos. En nombre de la transparencia se cometen abusos", añade.

Según plantea, es un contrasentido que les pidan subir a la web todos los contratos de compra "cuando en la administración local compramos desde pañales a la construcción de edificios". Y menos que tengan que informar las 3 mil resoluciones que dictan anualmente, cuando muchas son sólo de orden interno y mejor servicio.

También repara que el Consejo tendrá que coordinarse con la Contraloría porque con la ley "se traslaparán las funciones fiscalizadoras".

Problemas con los archivos

Los problemas para responder los tendrán con los archivos. "Allí tenemos una falencia histórica. Hay servicios atrasados en varias décadas en el envío de la información al Archivo Nacional, al cabo de cinco años, como procede", admite Felipe del Solar, de la Comisión de Probidad y Transparencia (Segpres).

Información que es de los 60 y no se envió al Archivo Nacional, ¿ya no se recupera más?

"No sabemos. En la Comisión tenemos un equipo encargado del archivo, que ha dado charlas a 180 servicios sobre cómo identificar, clasificar, conservar y recuperar la información".

La ley tampoco pone límites a cuánto tiempo atrás se puede exigir información, y el Gobierno no tiene claro si podrá producirse una avalancha de solicitudes o qué cabe esperar. Lo único que aclara del Solar es que las reparticiones "no podrán escudarse en que los documentos no están, porque ahí entrará a arbitrar el Consejo".