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Manuel Fernández Bolvarán

Diez capítulos y 304 páginas le bastaron a un equipo de expertos del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para desnudar las falencias del sistema de educación superior chileno.

Esa es la extensión de un informe que será presentado oficialmente hoy y que el grupo tardó más de un año en preparar, por encargo del Ministerio de Educación.

"Chile ha tenido muchos éxitos, como por ejemplo, que hoy entren a la educación superior muchos más alumnos que hace 10 años", explica Michael Crawford, especialista senior en educación del Banco Mundial y uno de los responsables del reporte. "Pero deben preguntarse si lo que servía hace diez años sigue sirviendo hoy", añade.

En ese sentido, si el país quiere ingresar a la OCDE, organización que reúne a los países desarrollados, debe hacer frente a problemas clave, como las inequidades en el acceso a la educación terciaria, que complican a los alumnos más pobres.

"Este informe apunta a que sus políticas públicas tengan un estándar similar al de los países OCDE", complementa Ian Whitman, quien encabeza el Programa de Cooperación con Economías No Miembras de la entidad.

Hacia una admisión más equitativa

"Las brechas de inequidad parecen ampliarse en el proceso de admisión a la educación superior, el que depende principalmente del rendimiento en la PSU", sostiene el informe. Según explica Ian Whitman, "los más desfavorecidos tienen menos posibilidades de pasar una prueba si ésta mide lo que se les enseñó en la escuela".

El informe critica que la PSU sea el instrumento único de admisión y que de sus resultados dependa el acceso al crédito con aval del Estado. Por eso, sugieren complementarla, por ejemplo, con la escritura de ensayos o pruebas que midan la capacidad de razonar de los alumnos. "La PSU tiene sus virtudes, pero si la idea es detectar el potencial de los jóvenes, se necesita una mayor variedad de indicadores", precisa Crawford.

Financiamiento: duplicarlo y que el crédito llegue a todos

Para los expertos, la medida que podría significar más beneficios en el corto plazo es un aumento en el gasto público en educación. Concretamente, el informe recomienda duplicar la inversión del Estado en la enseñanza superior. "Hoy, la proporción de gasto privado (de las familias) en Chile es más alto que en los países de la OCDE", señala Crawford.

Además, se llama a modificar la forma en que se entrega el financiamiento estatal. En esa línea, se recomienda eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que hoy reciben las instituciones que matriculan a los alumnos de mejor PSU. En su lugar proponen reorientar al Aporte Fiscal Directo, entregándolo sobre la base del desempeño de las instituciones.

A lo anterior se suma la necesidad de simplificar los sistemas de créditos y ayudas estudiantiles, que el informe considera "demasiado complejo", lo que perjudica a los sectores más desfavorecidos. "La disponibilidad de créditos debiera ser mayor, no restringir algunos sólo a quienes estudiarán en universidades del Consejo de Rectores", afirma Whitman.