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GONZALO VEGA y GASPAR RAMÍREZ

Si bien ingresó como turista, su viaje no es de placer ni tampoco anda en visita oficial. Pidiendo asilo político llegó a Perú el líder opositor venezolano Manuel Rosales, ya que acusa al gobierno de Hugo Chávez de perseguirlo políticamente.

El abogado Javier Valle Riestra, quien representa en Perú a Rosales, dijo a "El Mercurio" que la solicitud de asilo fue presentada ayer ante la cancillería peruana.

Rosales, alcalde de Maracaibo, considera que no existen garantías para que el juicio por corrupción que afronta en su país sea justo. El gobierno de Chávez lo acusa de enriquecimiento ilícito entre 2002 y 2004, cuando era gobernador del estado de Zulia, por lo que podría enfrentar penas de entre tres y diez años de cárcel.

El dirigente se encuentra en Lima, posiblemente en una casa de familiares, según especulan los medios locales. Durante la mañana, el canciller peruano, José Antonio García Belaunde, confirmó que Rosales "entró como turista" al país.

En la solicitud de asilo se expresa que Hugo Chávez "se ha excedido en sus declaraciones, que hizo multitudinariamente contra él (Rosales), y esto nos da la impresión de que el juicio va a ser parcial y que ya está sentenciado", explicó Valle Riestra.

El Mandatario venezolano suele referirse a Rosales como un "corrupto" al que quiere mandar a la cárcel. También lo acusa, hasta ahora sin pruebas, de estar relacionado con el "narcotráfico y el paramilitarismo".

Tras enterarse de la presencia de Rosales en Lima, el gobierno de Chávez advirtió a Rosales que se convertirá en prófugo de la justicia penal si se niega a demostrar su inocencia ante la justicia.

Omar Barboza, el secretario general del partido Un Nuevo Tiempo, fundado por Rosales, señaló a "El Mercurio" que el alcalde de Maracaibo "es un perseguido por el Presidente Chávez, y que debido a la actitud que ha tenido el tribunal, que ha sido complaciente y obediente de las instrucciones del Presidente, nosotros no lo íbamos a someter a ese juicio, y decidimos tramitar un asilo como perseguido político en un país amigo".

Barboza reconoció que además de Perú el círculo cercano a Rosales manejó "otras alternativas, como Chile y Colombia, ya que son países que respetan el derecho al asilo".

En la embajada de Chile en Perú señalaron ayer que no habían recibido ninguna petición de asilo por parte de la gente de Rosales.

¿Y ahora qué? El abogado Valle Riestra explica que "viene un proceso administrativo en la cancillería, en la que se cita (a Rosales) a declarar, se reúnen pruebas, y luego el secretario general del ministerio determina el asilo. El plazo para decidir es de dos meses". A su juicio "Perú tiene que hacerlo, porque es un país con una vieja tradición republicana en materia de asilo".

García Belaunde aclaró que Venezuela no ha emitido una orden de captura contra Rosales. "Venezuela sólo puede pedir, a través de sus jueces (el retorno de Rosales), y eso lo evaluará la corte en Perú", subrayó García Belaunde.

En ese sentido, subrayó que se trataría de un proceso similar al que siguió la justicia de su país en Chile para extraditar al ex Presidente Alberto Fujimori, condenado recientemente a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

Valle Riestra añade que "existe el riesgo de que el gobierno de Chávez presione al de Perú".

En años recientes, Perú ha concedido asilo político a opositores venezolanos, como al presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, y al ex gobernador de Yaracuy Eduardo Lapi García.

El chileno que, según Valle Riestra, sienta jurisprudencia

El abogado Javier Valle Riestra está confiado en lograr el asilo político de Rosales en Perú. Y es que ya ha tenido éxito en estas lides. "Yo logré hace muchos años que al comunista chileno Hernán Liberona Claro, a quien querían expulsar de Perú, lo hicieran regresar a Lima en virtud de un Habeas Corpus y se le reconociera su estatuto de asilado. Así es que hay jurisprudencia", explica a "El Mercurio".

El gobierno peruano acusó a Liberona, en 1983, de pertenecer a una "célula comunista extranjera" vinculada al terrorismo. La denuncia fue realizada por el entonces ministro del Interior Fernando Rincón en una conferencia de prensa. Rincón aseguraba que la célula respondía a la sigla W.