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NATALIA HERNÁNDEZ

Cerca de las 13.30 de ayer, el ministro José Antonio Viera-Gallo se retiró con gesto satisfecho de la comisión de Constitución del Senado. Sólo minutos antes y, por unanimidad, la instancia había aprobado incorporar a la figura de fideicomiso ciego una norma que obliga a las autoridades a enajenar sus bienes en casos específicos.

El requisito es una vieja aspiración de La Moneda, que reflotó el tema en medio de la decisión de Sebastián Piñera de traspasar su patrimonio a terceros, pero no desprenderse aún de Chilevisión y de LAN.

La Alianza, para evitar que las críticas sigan concentrándose en su abanderado, decidió apoyar la iniciativa, pero impulsó la idea de restringir la enajenación a situaciones excepcionales. Éstas serán establecidas en la ley orgánica sobre el tema, que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados la próxima semana.

Contraataque

No todo fue ganancia, sin embargo, para el Gobierno. La comisión de Constitución aprobó -en el contexto de la ley sobre calidad de la política- que se incorporara en la Carta Fundamental el deber de ministros, senadores y diputados de someterse al fideicomiso. Además, la Alianza formalizó su intención de bajar el monto establecido en el proyecto ad hoc del Ejecutivo. "Vamos a ver si estamos todos dispuestos a hacer un fideicomiso ciego cuando se tenga un patrimonio que, a mi juicio, tiene que ser una cifra desde US$ 1 millón para arriba", señaló al término de la instancia el senador RN Alberto Espina.

El anuncio de la Alianza generó un inesperado desorden en las filas oficialistas, ya que varios diputados se sumaron a la idea de bajar el monto del fideicomiso. "Estoy de acuerdo con separar tajantemente fortuna, empresa privada y política. Si quieren ponerlo en US$1 millón, yo también lo apoyo", sostuvo el secretario general del PS, Marcelo Schilling, miembro de la comisión en la que se debatirá el tema. "Estoy dispuesto a analizar la propuesta con mucha apertura. Hay que echar una mirada al monto del fideicomiso obligatorio. US$ 20 millones es un exceso", señaló el DC Jorge Burgos, también integrante de la instancia.

Viera-Gallo, sin embargo, defendió el monto establecido en el proyecto. "El fideicomiso es una disposición excepcional. Para el resto de los casos está la declaración de patrimonio e intereses al momento de asumir y de dejar el cargo", dijo el ministro.

Agregó que bajar la cifra podría desincentivar el ingreso de personeros del mundo privado al sector público. "No se trata de hacer una norma que desincentive completamente el compromiso con la función pública. En general, en todos los países esta norma está pensada para grandes fortunas, no para fortunas medias, sino que para casos excepcionales", afirmó el ministro Viera-Gallo.

Diputados de la Alianza, en todo caso, tampoco mostraron una postura común. Mientras los RN Alberto Cardemil y Nicolás Monckeberg concuerdan en que se debe disminuir el monto, desde la UDI, el diputado Edmundo Eluchans asegura que la cifra propuesta por el Ejecutivo es "razonable", y advirtió que "este tipo de disposiciones muchas veces ahuyenta a la gente del servicio público".

La comisión de Constitución del Senado debatirá hoy una norma que limite la actuación de ministros y autoridades en campañas electorales.