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AUDÉNICO BARRÍA

El fiscal Pablo Avendaño, quien investiga la participación de detectives en una red de prostitución infantil que operaba en Valparaíso, reveló ayer una serie de irregularidades en la investigación que llevó a cabo el Departamento V de la Policía de Investigaciones (PDI), que estaría destinada a proteger a los funcionarios indagados.

Así lo señaló durante la audiencia de formalización de cargos en contra de cuatro de los nueve imputados que existen hasta ahora en la causa destinada a aclarar el caso, y establecer responsabilidades penales.

Avendaño aseguró que hubo encubrimiento de parte de algunos funcionarios que intervinieron en la investigación, y que al menos uno de ellos será formalizado por este motivo.

Fotos borradas

En la audiencia, el fiscal señaló que los investigadores del Departamento V, en sus interrogatorios a víctimas y testigos de la red de prostitución, nunca les preguntaron si había participación de funcionarios de su institución, pese a lo cual, en un informe de 37 páginas, aseguraron que ningún detective estaba involucrado en ella.

También reveló que la PDI perició un computador incautado en uno de los prostíbulos que mantenía el proxeneta Carlos Parra Ruz, cabecilla de la red de prostitución y condenado por trata de personas. Tras ello informó que había encontrado 266 fotografías, y que en ninguna de ellas aparecía algún detective.

Sin embargo, el mismo computador fue periciado más tarde por Carabineros, quienes hasta ahora han encontrado 2.600 fotos, de las cuales en al menos una aparece un detective, y detectaron muchas otras borradas.

En la audiencia, que se prolongó ayer por seis horas y que continúa hoy, debían ser formalizadas nueve personas, pero sólo se presentaron cuatro: el ex detective Jimmy Gutiérrez y los detectives Edgardo Uribe, Alejandro Puga y Héctor Hernández.

Éstos fueron formalizados por no brindar protección a las menores; por no haber denunciado delitos y haber obtenido servicios sexuales de menores.

Imputados no llegaron

A la audiencia de formalización no se presentaron cinco de los imputados: el abogado Ricardo Bravo, los detectives Jorge Gallardo, Sergio Jarpa y Claudio Cortez, y el ex funcionario de la PDI Héctor Guzmán, quien denunció la participación de policías en la red de prostitución infantil,

Los ausentes, excepto Guzmán, adujeron a través de sus abogados no haber sido notificados personalmente de la formalización, y además el estar enfermos. Guzmán no fue habido. El tribunal declaró inadmisibles las querellas de Joaquín Lavín, Ricardo Lagos Weber y el Sename, porque no tienen "legitimación activa". En el caso de los dos primeros, los defensores acusaron un posible "uso político" de sus querellas.