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P. Durán y S. Rivas

El pasado lunes, el Gobierno dio uno de los pasos que había anunciado para reponer la distribución de la "píldora del día después": envió a la Contraloría General de la República un documento en el que solicita la reconsideración del dictamen del 16 de junio en que dicho organismo resolvió que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la materia prohíbe a todas las entidades que integran la Red Asistencial del Sistema Nacional de Salud que entreguen la pastilla, lo que incluye a los municipios.

El documento, de 92 carillas, presenta como principal argumentación para reconsiderar la medida que el organismo contralor se excedió en sus atribuciones y amplió los efectos de la sentencia original del TC.

El texto lleva las firmas de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma; de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo; de Salud, Álvaro Erazo; y del Sernam, Laura Albornoz.

Entre los argumentos, se señala que la sentencia del TC de abril de 2008 "no estableció una prohibición" genérica a la distribución de la píldora, sino que eliminó disposiciones específicas de un decreto supremo sobre el tema, lo que genera una ausencia de política nacional de salud al respecto. Y se agrega que el dictamen "no se basa en lo resuelto" por el TC, sino que en "una interpretación y no en el contenido del fallo".

La postura del Ejecutivo es que la Contraloría "ejerció funciones propias del Tribunal Constitucional" al resolver aspectos que, según se manifiesta en el pedido de reconsideración, no eran abordados en el fallo inicial, como la prohibición de la entrega de la "píldora" a los municipios. "No le corresponde a la Contraloría modificar los alcances de un acto del TC", se plantea.

Otro elemento que hace notar el Gobierno es que la decisión entra en contradicción con dictámenes anteriores de la Contraloría, como uno de 2000 en que se señala que los municipios cuentan con atribuciones legales para implementar nuevas prestaciones de salud "en los casos en que no exista política pública ministerial", y tres dictámenes previos al fallo del TC en que el organismo avaló la constitucionalidad del decreto gubernamental sobre la materia.

Se argumenta que las municipalidades pueden distribuir la píldora, dado que tienen autonomía del Gobierno central y que, según el Ejecutivo, el TC no prohibió el uso de la pastilla, sino que sólo lo eliminó de las políticas nacionales del Minsal. Por último, se plantea que afecta el principio constitucional de igualdad, porque "priva a un segmento de la población de su derecho de acceso a la píldora" -ya que está permitida su venta, pero no su distribución en la red del Minsal- y "vulnera la igualdad de género".

El texto está siendo analizado por la División Jurídica de la Contraloría, que emitirá un informe para la subcontralora Sonia Doren. Ella fue quien firmó el dictamen y probablemente verá la reconsideración, ya que el contralor Ramiro Mendoza se inhabilitó en primera instancia para ver el tema por haber firmado en 2003 -junto a varios académicos- un informe en derecho opuesto al uso de la píldora del día después.