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Natalia Hernández

Ocho son los diputados que mantienen a familiares contratados en diferentes funciones de asesorías, según la información oficial de la Cámara de Diputados. La cifra representa la mitad de los que la Corporación tenía en sus registros en marzo de 2006, cuando se inició el actual período legislativo.

La contratación de familiares con cargo a las asignaciones que mensualmente reciben los diputados, $ 3.181.756 en este ítem, está permitida por la Cámara. Sin embargo, los parlamentarios deben cumplir con el trámite de pedir expresa autorización a la comisión de Ética de la Corporación.

La modalidad ha sido cuestionada en medio de los escándalos por la libre disposición de las asignaciones, que obligaron a la apertura de una investigación en la Fiscalía de Valparaíso, la que afecta a cinco parlamentarios.

Sin embargo, el presidente de la instancia, Enrique Accorsi (PPD), explicó que los diputados han optado por prescindir en los últimos años de los convenios con parientes. "Desde períodos anteriores, hay una franca disminución de parlamentarios que contratan a familiares. Creo que se debe a que, a pesar de los argumentos que dan las personas que tienen contratados a sus parientes, la opinión pública no lo ve bien", dijo el diputado.

Quienes optan por contratar a sus esposas, primos, hermanos o hijos justifican su decisión afirmando que son cargos de exclusiva confianza. Es el caso de los diputados Esteban Valenzuela (independiente), Pedro Araya (independiente), Sergio Correa de la Cerda (UDI), Iván Paredes (PS), Fidel Espinoza (PS), Carlos Abel Jarpa (PRSD), José Pérez (PRSD) y Guillermo Ceroni (PPD).

El tema, en todo caso, forma parte de la discusión de la ley orgánica del Congreso que actualmente se discute en comisión mixta: allí se definirá si el método estará o no permitido.

$ 120 millones

al año gasta la Cámara en seguros para los parlamentarios y sus cargas familiares, incluido uno de salud y otro de vida, según información que reveló ayer Ciper Chile.

Gobierno respalda al Ministerio Público y demanda la colaboración de todos los organismos a sus investigaciones

El Gobierno señaló ayer que en Chile la ley es la misma para todos, respondiendo así al planteamiento de algunos diputados que han criticado que el fiscal Jorge Abbott se habría excedido en sus atribuciones para acoger denuncias que en algunos casos -dicen- serían infundadas.

Fue el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, el encargado de declarar que "nadie puede escudarse en fueros o situaciones de privilegios para sustraerse de una investigación judicial adoptada en forma por el Ministerio Público".

El personero planteó su seguridad de que dicha entidad debe llevar adelante la indagación que realiza en la actualidad, "y todas las instituciones, todas la autoridades tienen que prestar toda la colaboración que el Ministerio Público requiera".

Respecto de la posibilidad de que surja una contienda entre las partes, el subsecretario opinó que deberá ser la Corte Suprema la que deba zanjarla.

Por su parte, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, dijo que los fiscales no se sienten amenazados "producto de nuestra autonomía constitucional". Ni tampoco los cohíbe "el legítimo ejercicio" de algunos parlamentarios de presentar un proyecto de ley que establezca la acusación constitucional contra el Fiscal Nacional y/o los fiscales regionales.

"La verdad es que eso ya se discutió cuando se estaba iniciando la reforma procesal penal y se desechó porque los fiscales regionales y el fiscal nacional, producto precisamente de la autonomía institucional que tienen, cuentan con un procedimiento parcial de remoción, en que basta la firma de 10 diputados o la petición de la Presidenta de la República, en el caso del (Fiscal) Nacional, para que se inicie un procedimiento de remoción ante la Corte Suprema", dijo.

Chahuán hizo saber que las causales vigentes son más amplias que la del notable abandono de deberes. "Creemos que ese proyecto, con el mayor respeto de la facultad de los parlamentarios, es innecesario", explicó.

"Nadie puede escudarse en fueros o situaciones de privilegios para sustraerse de una investigación judicial adoptada en forma por el Ministerio Público".