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P. LEZAETA Y M. GÁLVEZ

La revisión de los protocolos de seguridad perimetral de La Moneda y el reforzamiento del trabajo de Fuerzas Especiales e Inteligencia para anticipar y neutralizar de mejor manera futuros incidentes son las medidas inmediatas tomadas por Carabineros, luego que antenoche, en una nueva acción propagandística, integrantes de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha) escalaran el frontis del palacio de gobierno e incluso alcanzaran una de las ventanas del segundo piso.

La aplicación de estas nuevas medidas, según fuentes de la policía uniformada, resulta especialmente complicada, si se considera que la política del Gobierno es mantener dicho espacio abierto al público.

En sintonía con lo anterior, la propia vocera de Gobierno, Carolina Tohá, aseguró que "no vamos a transformar La Moneda en una fortaleza". Además, recalcó que es importante que los distintos grupos ciudadanos respeten el carácter que tiene la sede de gobierno, para que no se generen medidas que le hagan perder la dimensión de ser un espacio abierto.

Libre tránsito

Pero más allá de lo oficial, fuentes del Ejecutivo revelaron que, en lo específico, no habrá cambios respecto del paseo peatonal por el interior del recinto, y los accesos por los alrededores del edificio no serán clausurados. Incluso, se recordó que hace algunas semanas se retiraron las rejas protectoras que impedían el paso por el ingreso central de la Plaza de la Ciudadanía a La Moneda.

Las mismas fuentes coincidieron en el diagnóstico de que las Fuerzas Especiales deberán reforzar su labor, considerando, por ejemplo, que el lunes, en horas previas al incidente antes descrito, había manifestaciones en el centro y no se habría conformado un servicio acorde a ese escenario.

Por el momento, según se dijo en la policía uniformada, que no comentó oficialmente el hecho, no está contemplado aumentar la dotación de funcionarios que vigilan el entorno de la sede de gobierno.

Sin sanciones

En Carabineros no sólo preocupa la apertura de La Moneda. También hay desconcierto, dado que los cerca de 80 deudores habitacionales detenidos el 19 de junio pasado -por mantenerse en la ribera del Mapocho por 42 días- fueron sobreseídos. Esta situación, estiman en la policía uniformada, hace que los manifestantes "se agranden y sientan que pueden operar con impunidad", lo que les hace aumentar constantemente el riesgo de sus acciones.