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XIMENA PÉREZ G.

Colina I, Colina II y el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto son los penales desde donde se ejecuta la mayoría de las estafas telefónicas que en los últimos meses parecen cundir por el país. Por eso, esas cárceles serán la prioridad una vez que Gendarmería dé con un sistema de bloqueo de celulares que no afecte las comunicaciones de los barrios aledaños a dichos centros penitenciarios, emplazadas en medio de centros urbanos.

En esa búsqueda, Gendarmería ha consultado con los proveedores de las tecnologías inhibidoras de celulares que operan en las unidades concesionadas de Francia, Israel y Estados Unidos, aunque aún no encuentra la alternativa que busca.

Ésta, según explicó a "El Mercurio" el jefe de Seguridad de Gendarmería, coronel Carlos Muñoz, pasa por un sistema que permita hacer un bloqueo parcial de la señal en los penales, para aplicarlo en las secciones de máxima seguridad, desde donde se generan las estafas, a través de una tecnología de radiación acotada al perímetro de la cárcel.

Muñoz afirmó que con ello se pretende evitar casos como el del sistema inhibidor de celulares instalado en el penal concesionado Santiago Uno, que ha generado críticas en usuarios del Centro de Justicia, porque dada su cercanía con la unidad penitenciaria también sufren el bloqueo en algunos sectores.

Además de Santiago Uno, esta tecnología está instalada en la Cárcel de Alta Seguridad, y en las unidades concesionadas de Iquique, La Serena, Rancagua y Punta Arenas, donde las concesionarias han asumido la millonaria inversión que se requiere, que según Muñoz bordea los cien millones de pesos, considerando los servicios de ingeniería, equipos, obras civiles y estudios para verificar el impacto.

El jefe de Seguridad de Gendarmería afirmó que en penales como el de Alto Hospicio (Iquique) o Rancagua la instalación del sistema de inhibición de celulares no ha generado ningún problema, pues ambas unidades están emplazadas en zonas alejadas de los sectores residenciales.

"Política válida"

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, aseguró que el sistema aludido "es una política de seguridad válida", cuya expansión sólo depende del impacto que pueda tener en el entorno de los recintos penitenciarios.

"El tema es que técnicamente el asunto no es de fácil solución, porque nosotros tampoco podemos bloquearles la comunicación vía celular a las personas que viven en el entorno de las unidades penales, y los equipos de bloqueo de señales no permiten bloquear conforme a los contornos de la cárcel específicamente", afirmó Maldonado.

"Si uno instala un equipo de bloqueo de mucha potencia, lo que al final termina haciendo es afectando a los vecinos y al entorno de la unidad penal, y evidentemente no tienen por qué sufrir eso, y nosotros no podemos infligirles ese gravamen injusto a los vecinos", agregó el secretario de Estado.

El ministro afirmó que Gendarmería está evaluando "permanentemente" la posibilidad de instalar los equipos y que lo hace en todas aquellas partes donde es "técnicamente factible", contando con el respaldo de la cartera que él encabeza.