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PILAR MOLINA A.

En La Moneda están satisfechos con los resultados de la Ley de Acceso a la Información, que entró en vigencia el 20 de abril. Con estadísticas al 30 de julio, celebran como un éxito que haya habido 9.017 solicitudes de acceso a información en los 275 servicios de la administración central (no incluye a los municipios, que son autónomos).

"El 82.4% de esas peticiones fue respondido, lo que es muy satisfactorio", celebra el subsecretario de Segpres, Edgardo Riveros, quien a su vez preside la Comisión de Probidad y Transparencia que desde ese ministerio monitorea el cumplimiento de la administración de la nueva normativa, que no sólo la obliga a exhibir información en sus páginas web (transparencia activa), sino que a responder las solicitudes (transparencia pasiva).

Aunque ambas transparencias debe fiscalizarlas otro organismo autónomo, el Consejo para la Transparencia, el Gobierno, que es el fiscalizado, se toma la temperatura del cumplimiento a sí mismo a través de este monitoreo estadístico que se convertirá en un portal único de acceso público, a mediados de octubre, desde el cual se podrán formular todas las consultas en materia de transparencia al gobierno central, lo que hoy consta en la página web de cada repartición.

De hecho, señala el ministro José Antonio Viera-Gallo, "el Consejo nos ha solicitado manejar él el portal de la transparencia, que estará listo en septiembre, pero le hemos dicho que no, porque una cosa es que él fiscalice los incumplimientos y otra que nosotros, que somos los fiscalizados, vayamos viendo las solicitudes de información y también en qué servicios se están produciendo problemas con las respuestas, anticipándonos a las apelaciones que después se hagan ante el otro organismo autónomo".

Hasta la fecha, sin embargo, la Segpres le ha dado acceso a la información al Consejo, una parte de la cual será pública cuando se constituya el portal único de transparencia, "pero en un gesto de buena voluntad y lo seguiremos haciendo", dice el ministro.

Cambio de criterio

De las 9.017 solicitudes de información al gobierno central, 1.588 no fueron respondidas, pero de éstas no todas terminan en el Consejo para la Transparencia. Este ha recibido, hasta el viernes último, un total de 271 amparos por denegación de información. Y de las 86 resoluciones ya notificadas, el 70% ordena al servicio dar la información que originalmente denegó.

Entre esos casos está el de la Secretaría General de Gobierno, que fue conminada a entregar las encuestas entre los años 2000 y 2003, a lo cual se había negado argumentando que fueron financiadas con gastos reservados. El subsecretario Riveros asegura que "nadie trata de tapar nada, es una discusión jurídica que deberán resolver los tribunales porque no se pueden revelar gastos que antes tuvieron un objetivo reservado, al margen de que hoy ese ministerio ya no tenga ese ítem".

Viera-Gallo añade que el problema principal es encontrar esas encuestas: "Es que esta ley ha cambiado el criterio, porque antes los funcionarios se creían dueños de la información y se la llevaban o la eliminaban al irse. Hoy, se dan cuenta, tienen que dejarla, sin perjuicio de que hay que modernizar los criterios respecto a qué se puede eliminar y qué no".

La Segpres también ha tomado distancia frente a las empresas públicas, que discuten con el Consejo para la Transparencia a qué las obliga la nueva normativa, que sólo las excluyó de la transparencia pasiva. Las compañías cuestionan las facultades del Consejo para fiscalizarles la transparencia activa y no han aceptado desagregar persona por persona las remuneraciones de la "dirección y administración superior de la empresa", así como sus bonos, viáticos y gastos de representación. Lo publican como un todo en la Web.

Nuevo buscador

Aunque pocos lo saben, ya está funcionando el buscador de personas en materia de transparencia. Es posible escribir un nombre y aparecen todas las reparticiones donde tiene contrato, en qué calidad (planta, honorario, contrata), el período y el sueldo. Hay que ingresar por Chileclic y escribir el nombre en el buscador activando "transparencia".

"El buscador recorre todos los servicios estatales y recaba la información. Lo hizo la U. de Chile, pero hasta ahora es muy poco usado, quizá por desconocimiento. Chileclic tiene un promedio de 340 mil consultas al mes, con más de 400 trámites en línea, y el número de visitas en el buscador de la transparencia es apenas 0,01% del total al portal", explica Ernesto Evans, secretario ejecutivo de estrategia digital del Ministerio de Economía.

"Esta ley ha cambiado el criterio, porque antes los funcionarios se creían dueños de la información y se la llevaban o la eliminaban al irse. Hoy, se dan cuenta, tienen que dejarla".

JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO

¿Cómo están usando la ley los ciudadanos?

Del total de 9.017 solicitudes de acceso a información en la administración central en los primeros 102 días, el 64% las formulan hombres y el 48% del total tiene entre 30 y 49 años. El segundo grupo que más consulta está entre los 19 y 29 años.

Desde el inicio, los servicios más demandados han sido Carabineros (con 1.152 consultas, el 13% del total), la Dirección del Trabajo (12% del total), la Subsecretaría de Educación (7,7%) y el Servicio de Impuestos Internos.

Al preguntar qué información requieren los ciudadanos, se observa que todavía mucha gente está usando la Ley de Acceso para consultar datos funcionarios que antes debían entregarse igual. Por ejemplo, en Carabineros muchas peticiones son del mismo personal que pregunta sobre resoluciones que los afectan, sus pensiones o permisos. En la Dirección del Trabajo, a su vez, requieren documentación relativa a trámites efectuados frente al servicio, lo cual también podrían haber exigido antes de la Ley 20.285.

"En Carabineros, el grueso de las consultas son ciudadanas, preguntas sobre programas de seguridad, dotación, medidas de seguridad", señala la subsecretaria Javiera Blanco. Y en tercer lugar (luego de los requerimientos funcionarios) están las solicitudes periodísticas.

En la Dirección del Trabajo (DT), con 1.220 solicitudes a la fecha, un 55% pide datos sobre trámites (términos de contrato, finiquitos, informes de fiscalización, etc.); y un 25% se refiere a materias de naturaleza sindical (certificados de vigencia, nómina de directivas, actas).

La DT informa que ha respondido el 98% de las consultas y ha negado el 2% porque no tiene la información, no tiene competencia sobre ella, o bien es información que considera confidencial (informes de fiscalización, nómina de socios de sindicatos o de votantes).

Ha habido cuatro amparos ante el Consejo para la Transparencia, que ha fallado un par, los dos obligando a la DT a entregar la información requerida. En un caso, darle a un funcionario el presupuesto asignado a una determinada región y el desglose en lo ejecutado en horas extras y viáticos por mes. Y en el segundo, entregar todas las multas por infracción al artículo 2 del Código del Trabajo entre los años 2006 y 2008, que la DT había considerado significaba distraer funcionarios de sus labores habituales (una de las 3 causales de reserva que contempla la Ley 20.285).

En la subsecretaría de Educación (el tercer servicio más consultado) "las preguntas más frecuentes son de profesores qué quieren saber cuánto y cuándo le transfirió el ministerio a un colegio particular subvencionado. La repetición llevó a la subsecretaría a incorporar este detalle en Infoescuela, en la web", señala el subsecretario Cristián Martínez.

En orden decreciente, se consulta luego por copias de decretos y resoluciones; sobre el Simce (normalmente, centros de estudios), sobre el Bono SAE, y asesores ministeriales (indagan periodistas).