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XIMENA PÉREZ G.

En decisión dividida, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar un recurso de protección presentado por la estudiante Pamela Vera Flores contra el dictamen de la Contraloría que prohíbe la entrega de la llamada "píldora del día después" en los consultorios municipalizados.

En el voto de mayoría, el ministro Raúl Rocha y el abogado integrante Emilio Pfeffer concluyeron que la Contraloría actuó dentro de sus facultades al interpretar ampliamente el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohibió la distribución de la mencionada pastilla en el sistema público de salud.

En el voto disidente, la ministra Jessica González consideró que la Contraloría General de la República se excedió al interpretar ampliamente el dictamen del TC y ampliarlo a la prohibición de distribución en consultorios municipales.

"Esta disidente no puede dejar de advertir la desigualdad manifiesta que se produce al permitir que un grupo de mujeres pueda adquirir libremente un anticonceptivo de emergencia, medicamento no declarado ilegal, en cualquier farmacia del país, siempre y cuando dispongan de medios económicos para ello y negar el acceso a otras mujeres, que ante eventuales riesgos de la misma naturaleza y gravedad, carezcan de recursos para obtenerlo en el mercado por estar proscrita su distribución gratuita o a bajo costo en consultorios municipales, por el solo hecho de haberse excluido como parte de la política pública nacional del Ministerio de Salud ", argumenta la magistrada.

El recurso

En el requerimiento, la estudiante Pamela Vera Flores, de 23 años, reclamaba que con la restricción a la entrega del "Postinor 2" se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley.

La mujer acusó que se perjudica a personas que, como ella, no tienen recursos suficientes para conseguir la pastilla en las farmacias y sólo pueden obtenerla en el sistema público de salud. El requerimiento rechazado pedía a la Corte dejar sin efecto el citado dictamen, y disponer que "a futuro, la Contraloría se abstenga de adoptar medidas que conculquen el legítimo ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las usuarias de los consultorios municipalizados".