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ANDREA SIERRA

Un fuerte avance en su labor fiscalizadora tendrán los diputados a partir de la aprobación del proyecto sobre Ley Orgánica del Congreso que hoy será votado en comisión mixta.

En uno de sus puntos menos conocido, la iniciativa obligará a las empresas públicas -como Enap, Codelco, EFE o TVN- a dar a conocer información corporativa cuando sea requerida por los parlamentarios.

Esta facultad impedirá que se repitan casos como el de la asignación de vehículos a los gerentes de BancoEstado, datos pedidos por diputados de la Alianza en 1997, pero que recién en mayo de este año obligó a entregar la Corte Suprema. O la disputa que aún mantiene TVN con el Consejo para la Transparencia, por la negativa a revelar los sueldos de sus gerentes.

Ahora -según expresa la normativa que tras su votación en la comisión mixta quedará lista para ser revisada por las salas del Senado y la Cámara- las compañías públicas que rechacen suministrar la información serán sancionadas. Y las multas irán desde un tercio hasta el doble de la remuneración mensual del jefe superior del respectivo organismo.

La indicación fue objeto de un áspero debate entre parlamentarios oficialistas y La Moneda, que resistía el proyecto.

Tras una serie de negociaciones con representantes del Ministerio de Hacienda -donde se teme que la normativa afecte la competitividad de las empresas públicas-, el gobierno logró algunas excepciones para los requerimientos de los diputados.

Con ello, se aseguró el respaldo tanto de la Concertación como de la oposición.

Entre los resguardos, las compañías estatales no estarán obligadas a entregar los datos cuando formen parte de negociaciones pendientes o expresamente esos antecedentes hayan sido declarados reservados por ley.

Aún así, los diputados podrán recurrir a Contraloría, previo informe de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), cuando se estime que la negativa de la empresa no está fundamentada.

La normativa, sin embargo, también incorpora obligaciones a los parlamentarios que pidan la información a las compañías públicas: tendrán que dar sus nombres, algo que no se hacía.

"Todo este tema fue muy debatido, pero tuvimos la opinión del contralor para dilucidar el tema, él nos ayudó", explica el presidente de la comisión mixta, Andrés Chadwick (UDI), quien destaca la señal de "transparencia" que se logrará con la puesta en marcha de la normativa.

El proyecto de Ley Orgánica del Congreso incorpora, además, una serie de modificaciones al funcionamiento del Parlamento. Entre ellas se regulará las asignaciones de diputados y senadores y se pondrá en marcha un sistema inédito de fiscalización externa: un Consejo Resolutivo.

"Establecerá cuántos recursos se dan y para qué. Hoy día esto es parejo para todos, pero ahora se verá caso a caso. Yo como diputado por Santiago, por ejemplo, necesitaré mucho menos dinero para pasajes que uno de Antofagasta", explica el diputado RN Alberto Cardemil.

El nuevo organismo estará integrado por un ex consejero del Banco Central, un ex decano de una facultad de Administración, Economía o Derecho de cualquier universidad acreditada; un ex senador y un ex diputado que se haya desempeñado como tal por un mínimo de ocho años. Además, tendrá entre sus filas a un ex ministro de Hacienda, de Economía o ex titular de la Dirección de Presupuestos.

Mientras, el control sobre los recursos públicos para evitar que el dinero sea usado para otros fines estará a cargo del Comité de Auditoría Parlamentaria, formado por profesionales externos, como abogados y contadores auditores.