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Se cuenta que en cierto país, un alto juez, recién nombrado, le dio gracias al presidente de la república por su designación y añadió: "de ahora en adelante, mi deber es ser ingrato".

Por supuesto que la referencia a la ingratitud fue usada en esa ocasión (como lo he hecho con el título de esta columna) de modo efectista. Lo que quiso decir el probo magistrado era que actuaría autónomamente, sin sentir que por un agradecimiento mal entendido debería favorecer los intereses del gobierno. Realistamente hablando, una de las razones por las que el flamante juez podía mostrarse independiente es que no dependería de la voluntad política para mantenerse en el puesto. Este punto es crítico porque, como señalaba un célebre cínico, "la gratitud es un sentimiento que está a medio camino entre los favores recibidos y los esperados".

Entonces, los jueces ordinarios o constitucionales, los contralores y otras autoridades estatales encargadas de aplicar la legalidad, deben ser siempre desagradecidos en su actuación, esto es, independientes. Estas funciones se suelen considerar no democráticas de origen, porque quienes las ocupan no han sido ungidas por votación popular, a diferencia de los presidentes, parlamentarios o alcaldes. Sin embargo, como dice el jurista colombiano Rodrigo Uprimny, son, en definitiva, democráticas, por dos razones. La primera es que aunque las personas que las ejercen no fueron elegidas, sí han sido designadas por órganos representativos de la voluntad soberana. La segunda y más importante razón es que dichos cargos tienen como fin defender a la democracia del riesgo de abuso de las mayorías, a despecho de los derechos fundamentales
de otros.

En este punto debo recalcar que el hecho de que tales funciones sean esenciales en una democracia, no valida todos los modos de nombrar a quienes las ejercerán; ni tampoco significa que las decisiones que éstos tomen sean necesariamente acertadas (estoy convencido, por ejemplo, que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día después es profundamente erróneo). Dicho esto, en Chile faltan más instituciones autónomas, incluyendo el consejo sobre la transparencia, próximo a ser creado, que supervisará el derecho de acceso a la información pública.

Por otra parte, también debe valorarse la ingratitud de los ciudadanos con los partidos políticos o los gobiernos que les distribuyen prebendas o los favorecen indebidamente en la adjudicación de servicios sociales, en la esperanza de obtener su voto. Esta forma de corrupción se conoce como "clientelismo" y suele no ser percibida como algo ilícito. En países, como Argentina, la política se hace fundamentalmente así. Aunque no tan extendida, esta práctica ha sido muy común en la historia chilena. En años recientes se ha hecho un hábito en las campañas electorales de partidos de gobierno y oposición, regalar a los electores, en especial a los más pobres, lentes ópticos, pañales, camisetas de fútbol o fiestas para cumpleaños infantiles.

Las personas necesitadas no confían mucho en las promesas electorales y suelen recibir estas dádivas como quien valora un pájaro en la mano. Si uno lo mira fríamente, se podría considerar que ellas, al acoger los regalos, están co-participando en el clientelismo. Pero esa conclusión es equivocada. La verdad es que están sujetas a la presión de quienes buscan comprar su voluntad.

Combatir un clientelismo profundamente enraizado es algo muy complejo. La ingratitud generalizada de los beneficiarios sería un buen comienzo.