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La aguda crisis financiera por la que atraviesa la economía norteamericana, y que se ha extendido a una gran velocidad hacia el resto del mundo, ha dado origen a un comprensible desaliento y nerviosismo de los mercados, los que esperan con ansiedad por acciones de política que permitan detener y luego revertir este proceso.

Para muchos actores del debate público, la estrategia adecuada para abordar la coyuntura es a través de un fuerte impulso fiscal y monetario. De hecho, gran parte de la discusión en Estados Unidos y también en otras economías, incluyendo la chilena, ha girado en torno a la forma y magnitud que debe tener el impulso fiscal para impedir -o atenuar- un proceso recesivo. Pareciera verdad aquello de que "en las recesiones somos todos keynesianos". No obstante, me parece que caracterizar la coyuntura que enfrentan las economías industrializadas como "un déficit de demanda agregada" -lo que haría necesario un manejo fiscal expansivo- es un mal resumen de la misma.

Tal como ocurrió en la Gran Depresión de los años 30, lo que actualmente se observa en las economías industrializadas -particularmente en Estados Unidos- es un colapso en el suministro de crédito. Ello como consecuencia de un fuerte deterioro patrimonial de la banca, el que fue detonado por una importante caída en el precio de las propiedades, en un escenario de alto endeudamiento de los hogares y una baja capitalización del sistema bancario.

En un contexto de aguda crisis financiera, es esperable que se produzca un fuerte aumento de la demanda por liquidez, lo que han enfrentado correctamente los bancos centrales de las economías industrializadas, a través de un importante aumento de la oferta monetaria. Por otra parte, la caída de la demanda agregada que ha ocasionado el colapso de la oferta de crédito ha llevado a muchos economistas a proponer un vigoroso estímulo fiscal para suplir este déficit de demanda. Si bien en teoría este mecanismo podría contribuir a moderar el cuadro adverso, la importancia cuantitativa de esta estrategia es debatible. Más aún, en tanto la expansión del gasto fiscal sea percibida como una fuente de ineficiencias en la asignación de recursos de mediano plazo, se verá resentida la expectativa de crecimiento potencial de la economía y, con ello, la valorización de los activos.

La mayor dificultad que plantea el escenario actual consiste en establecer fórmulas que permitan restablecer un flujo normal de crédito a la economía. Ello exige reconocer y asignar las pérdidas inherentes al deterioro de la cartera de los bancos. A partir de allí se requiere recapitalizar la banca, tarea respecto de la cual no se ha planteado hasta ahora una agenda concreta y amplia. En definitiva, el desafío está en el ámbito de las políticas de saneamiento financiero, las que no pueden ser sustituidas por la política fiscal, más allá de que ésta pudiera provocar un alivio temporal a la economía.

Una ilustración interesante del tipo de problemas y opciones que enfrentan actualmente las autoridades norteamericanas se encuentra en la experiencia chilena de los 80, cuando se logró superar los efectos de una aguda crisis financiera y de balanza de pagos a través de un activo programa de fortalecimiento del sistema financiero. Ello en un contexto de severo ajuste fiscal.

El gran obstáculo que conlleva la implementación de un amplio proceso de saneamiento del sistema financiero de Estados Unidos es la carencia de mecanismos eficientes y claros para desarrollar esta tarea. Al igual que en la Gran Depresión y en muchos otros episodios de crisis financiera, esto involucra un complejo proceso, donde finalmente las autoridades de turno deben resolver los mecanismos de distribución de los costos de la crisis y la estrategia de capitalización de la banca.

Una de las opciones que este escenario plantea es la estatización de un número importante de bancos y, con ello, de algunas empresas no financieras (cabe recordar que en los últimos días se ha hablado de la estatización de bancos en Inglaterra, y también en Estados Unidos).

Desde luego, éste no parece ser un resultado coherente con una economía de mercado, al tiempo que deja en evidencia una importante debilidad de la institucionalidad financiera vigente en ésta.

En todo caso, mientras no se resuelva el problema de patrimonio y propiedad que plantea el sector financiero, parece difícil que pueda producirse una recuperación sostenida de la economía norteamericana.

De lo observado en los últimos años se ratifica la importancia de avanzar en el desarrollo de una organización financiera más eficaz, lo que implica hacer más transparente el riesgo inherente a esta actividad, aspecto donde las falencias de la organización vigente son a esta altura obvias. Por otro lado, recordando al célebre economista Henry Simons, se hace necesario diseñar mecanismos de ajuste para el sector financiero que sean claros, expeditos y menos dependientes de la voluntad de las autoridades de turno.

Es mucho lo que se discutirá en los próximos años respecto a las causas y consecuencias de la actual crisis financiera de las economías industrializadas, la que ágilmente algunos economistas y políticos han calificado como la consecuencia de la inestabilidad inherente a la economía de mercado, lo que recomendaría una activa gestión estabilizadora de los gobiernos. Sin embargo, la experiencia reciente de Estados Unidos hace necesario insistir en la importancia de estrategias de política monetaria más atentas a la evolución de la liquidez global de la economía, junto con una gestión fiscal que impida la acumulación de desequilibrios que pudiesen incubar aumentos excesivos de la deuda y en el precio de los activos.