PABLO A. CORREA
Director de Estudios y Economista Jefe de Santander GBM
Cuando para todos es un dato que 2009 será un mal año para la economía global, las noticias de las últimas semanas nos han hecho darnos cuenta que en el caso de Chile las perspectivas no serán muy diferentes, pese a todas las buenas prácticas y políticas macroeconómicas que se han venido implementando durante las últimas décadas.
Es que la magnitud de la crisis es tan grande, que pensar que Chile se podría ver aislado de sus efectos es como pretender no mojarse en medio de una tormenta tropical.
Sin embargo, es un hecho que el habernos preparado durante años creando un marco de políticas monetarias, fiscales y cambiarias de primer nivel evitará que Chile entre en recesión, pese a que la desaceleración en el crecimiento será sustantiva, situación que será más dramática en el caso de la demanda interna.
Es así como en el caso de las políticas macroeconómicas, Chile cumple con que "más vale prevenir que curar", o en este caso más vale ahorrar en los buenos tiempos, para poder gastar, bajar la tasa y pasar un 2009 no tan malo. Pero, lamentablemente, lo que se hizo en la macro no se extrapola a una serie de políticas microeconómicas, en particular las laborales.
Si bien este año no deberíamos observar una caída en el PIB, sí vamos a tener un salto importante en el desempleo. Si en 2008 la cifra promedió el 7,7%, en 2009 estaría cerca del 10%, lo que implica un aumento de 150.000 personas desocupadas. Lamentablemente, es poco lo que a esta altura del partido se puede hacer. Claramente está la alternativa -correcta en mi opinión- de aumentar en forma importante los programas de empleo con apoyo fiscal, pero no podemos pedirle al Estado que absorba toda la demanda laboral que va a perder el sector privado.
No sería eficiente ni coherente con el tamaño del sector público en Chile. En cambio, hay que enfocar los esfuerzos en generar la mayor cantidad de incentivos para que el sector privado no disminuya su demanda por empleo, menos aún en las etapas recesivas del ciclo.
Y estos esfuerzos debieran tener tanto una dimensión transitoria como permanente. Así como el Gobierno decidió implementar una serie de incentivos tributarios con fecha de término definida -ya a fines de 2009 o mediados de 2010- que no implican cambiar la estructura tributaria, podría decretar cambios a la legislación laboral igualmente temporales que disminuyan los costos de contratación (como la renuncia voluntaria y transitoria por parte de los empleados a ciertas barreras a la entrada al mercado laboral), de manera de evitar que las cifras de desempleo superen los dos dígitos. Esto, sin cambiar la estructura de la regulación laboral.
En forma adicional, una vez capeado el temporal hay que pensar, en forma seria y sin ideologías, cómo llevar las políticas microeconómicas -tributarias, laborales, de competencia, innovación, medioambientales, etc.- a un estándar que permita prevenir en vez de estar enfocados sólo en curar los efectos de la crisis.
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