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Bernardita Aguirre Pascal

Preocupados y llenos de dudas están las empresas agrícolas, forestales, eléctricas y mineras ante un nuevo sistema de certificación de proyectos que está creando el Gobierno para las iniciativas que se instalen en tierras indígenas.

A partir de septiembre de este año las empresas públicas de manera obligatoria y las privadas voluntariamente tendrán que certificar sus proyectos en una especie de evaluación de impacto ambiental pero que vela por el respeto a los indígenas. Cuando sea ley, será obligatoria para todos.

El tema tiene a las empresas de cabeza trabajando con asesores externos y con comités al interior de los gremios para proponer alternativas a un sistema que, tal como está planteado, "hace impracticable el emprendimiento de inversiones de mediano y largo plazo", explicaron en una minera.

La iniciativa se llama Código de Conducta Responsable (CCR) y es una de las formas en que el Gobierno dará cumplimiento al Convenio 169 de la OIT para resguardar los derechos indígenas.

La iniciativa fue destacada el 21 de mayo por la Presidenta, Michelle Bachelet: "Hoy es hora de llevar los preceptos del Convenio 169 a la práctica", y el CCR es una de las formas para hacerlo.

Propuesta preliminar

El borrador del Código fue presentado hace un par de semanas a más de 40 ejecutivos de grandes compañías como: SQM, BHP Billiton, Endesa, Colbún, Forestal Arauco y Forestal Mininco, entre otras empresas, por Rodrigo Egaña, Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas.

"La propuesta actual produce una duplicidad de normativa con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y genera incertidumbre para las inversiones al estipular la necesidad de recertificar los proyectos luego de tres años de funcionamiento", advierte SQM.

Consultar a las comunidades afectadas, acordar indemnizaciones en caso de traslado, procurar la contratación y capacitación de indígenas y buscar su participación en los beneficios del proyecto con iniciativas de corto, mediano y largo plazo, incluidos pagos por adelantado, por etapas y regalías, son algunas de las cosas que el Código plantea.

Desde que conocieron el informe, las empresas comenzaron a analizar sus consecuencias con asesores externos, ha habido reuniones y consultas en los gremios e incluso el tema se analiza en la CPC.

"Las observaciones serán evaluadas y tenidas en cuenta para la elaboración de una nueva versión del CCR. Incluso estamos esperando algunas sugerencias por escrito a las que se comprometieron algunas empresas", dice Egaña.

Pero hay posiciones irreconciliables. "Este proyecto de Código en nada contribuye, ya que todas las disposiciones que contiene ya están en la legislación chilena", reclama Pedro Jaramillo, gerente general de Bosques Cautín.

En la Sonami consideran que la propuesta de CCR excede lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT porque éste no establece la necesidad de someterse a una certificación.

"Quiero ser categórico en esto: la propuesta se enmarca dentro del Convenio 169. Ese es el único estándar que tenemos", señala Rodrigo Egaña.

"Ahora los proyectos tendrán que certificarse por dos vías: por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y por esta certificación indígena. ¿Por qué no se mejora el SEIA? Se duplica el trabajo, el gasto y el tiempo de espera, lo que desincentiva nuevos proyectos", sentencia un ejecutivo minero que participó en la presentación del Código.

Ante esto, Egaña responde que una es certificación ambiental y otra es la certificación de los derechos indígenas.

Dónde se aplica

"El Código de Conducta responsable dice que se establecen reglas claras para las inversiones y se hace exactamente lo contrario, por ejemplo con la vaguedad de cuál es el ámbito de aplicación", explica Sebastián Donoso, profesor de legislación indígena de la UC.

La duda básica de los empresarios está en qué proyectos tendrán que certificarse, porque mientras en un principio se habla de lo que afecten a Áreas de Desarrollo Indígena (ADIs) y tierras indígenas, luego se habla de territorio indígena y recursos naturales, lo que introduce incertidumbre.

"Este proceso lo que te está indicando es que las inversiones en tierras indígenas van a ser más complicadas que en tierras no indígenas y eso va a ahuyentar las inversiones", sostiene Ena von Baer, directora del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, quien propone perfeccionar la iniciativa.

Un tema que nos preocupa es la definición de tierras y territorios indígenas que no resulta clara y que puede tener efectos muy perjudiciales para las inversiones y para la seguridad jurídica de las actividades productivas y comerciales".

CPC