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Ignacio Irarrázaval
Políticas Públicas UC

Hace algunos días apareció en este medio un reportaje que daba cuenta de la existencia de 480 salas cuna que reciben aportes del Gobierno vía Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), las que operan sin permiso sanitario.

Para dimensionar el problema, tengo algunos comentarios. En el caso de la JUNJI, tiene un decisivo problema de diseño institucional, ya que se le entregan, simultáneamente, las funciones de fiscalización y prestación. El viejo problema que las cosas no funcionan si se es juez y parte. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la Superintendencia de Bancos fuese a su vez un banco que ni siquiera cumple los requisitos mínimos para operar? A otro nivel, es como el padre que exige a sus hijos más respeto, pero se pasa las luces rojas con ellos en el asiento trasero. Obviamente, existe un conflicto ético insalvable cuando el fiscalizador de un servicio es el principal proveedor del mismo. Y eso es lo que está sucediendo con la JUNJI: debe cumplir con ciertas metas de cobertura impuestas por el gobierno central, pero para lograr ese objetivo sabe que no puede ser demasiado estricta en la fiscalización del cumplimiento de los estándares. Por esto, el diseño de políticas públicas exige separar lo más posible las funciones que deben cumplir las instituciones.

En segundo lugar, si bien no puede desconocerse que muchas veces las regulaciones de permisos sanitarios establecen requisitos desproporcionados, es el mismo Estado, que definió esos estándares de prestación, el que ahora los presenta como irrelevantes.

Pero lo que resulta más grave, con una política definida como de expansión de la cobertura de la educación inicial, es que la discusión siga estando en el nivel de cumplimiento de los requisitos básicos para operar y poco o nada se conozca respecto de la calidad del servicio: los estándares de aprendizaje y desarrollo cognitivo del niño. Diversos estudios han señalado en Chile que los niños de escasos recursos que asisten a educación parvularia no muestran avances en su desarrollo cognitivo e incluso pueden experimentar retrasos. Por lo tanto, más allá de la calidad de los servicios higiénicos, lo que verdaderamente interesa saber es cuánto está aportando la educación inicial al desarrollo integral de los niños.

En estos días se discute en el Parlamento un proyecto de ley que define un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Esta iniciativa mejoraría al menos el primer aspecto señalado en esta columna, pero no define adecuadamente cómo se abordaría el tema de la calidad de la educación preescolar, concepto que va más allá de la acreditación de los establecimientos prestadores, y debería considerar elementos como estándares de aprendizajes, una institucionalidad para evaluarlos y un sistema de incentivos y sanciones para promover el cumplimiento de los mismos. Tal como lo señala James Heckman (Premio Nobel de Economía 2000), los déficits cognitivos y no cognitivos emergen tempranamente en los niños, antes del colegio, y la mayor parte de estos se explican por factores familiares, por lo que se requiere una política pública con fuerte énfasis en la familia. Complementariamente se necesitan intervenciones de alta calidad que puedan contribuir a superar esos déficits parcialmente. Si no se puede asegurar calidad en la educación inicial, sería necesario evaluar otras alternativas socialmente más rentables para el país, entre las que puede considerarse el subsidio al cuidado de los niños en sus propias casas.