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José Troncoso Ostornol

Fue materia obligada en cada una de las últimas siete juntas anuales de accionistas de Telefónica Chile: el futuro de la demanda indemnizatoria que presentó en marzo de 2002 la compañía de capitales españoles contra el fisco por más de US$ 340 millones.

La empresa justificó sus acciones legales en los "errores e ilegalidades" que, según la ex CTC, habría cometido la autoridad en la fijación de sus tarifas para el quinquenio 1999-2004.

Tras siete años de juicio, la jueza Dora Mondaca, del Tercer Juzgado Civil de Santiago, rechazó el pasado 26 de junio la millonaria demanda. La compañía aún no ha sido notificada de esta sentencia de primera instancia, y hasta ayer sus directores no habían sido informados.

Una vez notificada, la ex CTC tiene 10 días para presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

"No hemos sido notificados y no tenemos conocimiento de la sentencia", dijo una fuente de la compañía. "Quien define si apelamos o no es el directorio de la compañía; el directorio tiene que evaluar la sentencia... es un tema de accionistas", agregó.

La ex CTC solicitaba una compensación por los "daños directos" originados de las "ilicitudes" contenidas en la fijación del decreto tarifario 187, que rige las tarifas de la empresa entre 1999 y 2004.

Las defensas

La compañía fundamentaba su demanda en la exclusión de los costos de las guías telefónicas, eventuales errores aritméticos en la determinación del cargo fijo, la rebaja en las inversiones por emplazamientos óptimos de centrales de conmutación (telefónicas), morosidad del Calling Party Pays (CPP) y el no escalamiento de las tarifas de cargo de acceso, entre otros puntos.

Pero la jueza Mondaca estableció que los ministerios de Economía y de Transportes cumplieron con la Ley de Telecomunicaciones, desechando la demanda de Telefónica.

Fueron los ex ministros de Economía Jorge Leiva y de Transportes y Telecomunicaciones Claudio Hohmann quienes firmaron el decreto en la administración de Eduardo Frei. En su momento, insistieron en que el texto no contenía errores y que así lo habían establecido todas las instancias a las que la filial de Telefónica de España ha recurrido.

Telefónica, por su parte, criticó duramente en el proceso al Consejo de Defensa del Estado, organismo que sostuvo que la compañía actuó en forma similar a la "litigiosidad" de su accionista controlador, Telefónica España, que -dijo en su momento el organismo encabezado en ese entonces por la abogada Clara Szczaranski- "se caracteriza por demandar al Estado para obtener ventajas y discutir la acción de la administración".