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Francisco Rosende
Decano de la Facultad de Economía
de la P. Universidad Católica de Chile

La severa crisis financiera por la que atraviesan las principales economías del mundo ha promovido un fuerte cuestionamiento a la eficacia de los mecanismos de mercado y consecuentemente, una intensa demanda por nuevas regulaciones y oficinas de gobierno a cargo de la administración de éstas.

Si bien es incuestionable que la existencia de un conjunto de normas que cautelen por el buen funcionamiento de los mercados es un aspecto importante en las economías modernas, de aquí no se infiere que esto deba traducirse en una intervención amplia e intensa de las autoridades en el funcionamiento de las mismas.

En sectores específicos, como el financiero, se encuentra bien establecida a nivel técnico la necesidad de una supervisión de éste por parte de las autoridades, la que idealmente debería estar complementada con incentivos a la supervisión privada, o más específicamente, de los propios actores que intervienen en este mercado, como los depositantes.

Cabe señalar que, contrariamente a la percepción que hoy domina, el mercado financiero estadounidense ha sido sometido históricamente a una estricta regulación por parte de diferentes oficinas de gobierno. No obstante, la mezcla de un extendido sentimiento de seguridad en el público respecto de la situación de los bancos y demás instituciones financieras, especialmente en los de mayor tamaño, sustentado en el complejo aparato público a cargo de la vigilancia de este sector, junto con repetidas intervenciones de rescate de la Reserva Federal cuando instituciones importantes se vieron en problemas, parecen haber colaborado a construir "la tormenta perfecta", de la cual todavía no logra escapar la economía mundial.

Un aspecto esencial para establecer la conveniencia de intervenir en un sector económico con regulaciones e instituciones públicas, se refiere al costo potencial de dichas intervenciones respecto de la alternativa de dejar en manos del mercado la tarea de disciplinar el funcionamiento del sector en cuestión. En general, ello supone establecer los incentivos para que se genere un adecuado nivel de información respecto del funcionamiento de éste, junto con condiciones de competencia.

Por otro lado, en el caso del mercado del trabajo se observa en muchas economías -incluyendo la chilena- la tendencia a utilizar vías administrativas para mejorar las condiciones de ingreso de algunos grupos de trabajadores, por ejemplo a través de ajustes en el salario mínimo y leyes que restringen la flexibilidad de los contratos, lo que normalmente ocasiona costos importantes a grupos de trabajadores que deberían ser objetivo de la política económica. Por ejemplo, los menos calificados.

Curiosamente, para muchos actores del debate público una activa presencia del Gobierno en el mercado laboral -estableciendo regulaciones y vigilando el movimiento de los salarios- es una manifestación de responsabilidad social del mismo, no obstante las discriminaciones e ineficiencias que producen tales intervenciones. Parece oportuno recordar que a las políticas corresponde juzgarlas por sus resultados y no por sus intenciones.

La tendencia observada en Chile

La renovada ola de confianza en el papel de la "mano visible" que se aprecia en muchos países amenaza con exacerbar la tendencia observada en nuestra economía durante la última década, como resultado de una fuerte convicción de las diferentes autoridades económicas en la efectividad del gasto fiscal y las regulaciones, como herramientas para resolver problemas como los que muestra el funcionamiento del sistema educacional, en el ámbito de la salud y otros. Si bien la persistencia de dificultades en sectores como los mencionados recomendaría una mayor cautela respecto de la efectividad de la estrategia basada en "gasto más regulación", en la práctica se aprecia una extendida tendencia a intensificar la dosis más que a cambiar de medicina.

La implementación de una agenda efectiva para elevar la tasa de crecimiento de mediano plazo es un ingrediente esencial para cualquier programa de reducción de la pobreza y mejoramiento de la distribución del ingreso. Dentro de ésta, una evaluación rigurosa del efecto que han tenido las acciones de las políticas públicas en áreas tan sensibles a la creación de empleo y la inversión, como son la laboral, educación y medio ambiente, por ejemplo, resulta imprescindible.

La obtención de un aporte efectivo de las políticas públicas al logro de mayores tasas de crecimiento del producto y el empleo, atraviesa por una discusión de los resultados que se espera de las regulaciones -y las instituciones a cargo de su administración- contrastando éstos con la realidad. Este ejercicio adquiere especial relevancia, considerando que la economía chilena muestra en la última década signos de deterioro en la eficiencia agregada, lo que podría reflejar la influencia de regulaciones ineficaces o una aplicación inapropiada de éstas por parte de los organismos correspondientes.

Si bien es difícil que -en medio del fragor de la contienda electoral- se pueda sostener un debate fructífero respecto de las lecciones que emergen de las tendencias que se han ido configurando en la economía chilena y la influencia de las intervenciones de política económica en éstas, parece necesario insistir en la relevancia de este ejercicio, en tanto constituye un requisito esencial para recuperar un alto dinamismo y con ello reducir definitivamente la pobreza.