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Felipe Morandé
Decano facultad de Economía Universidad de Chile.

El Gobierno anunció hace unos días que proponía al país un proyecto de Ley de Presupuesto 2010 elaborado con el fin de apoyar la recuperación económica supuestamente en marcha. Un análisis somero de las cifras indica, sin embargo, que se trata más bien de un presupuesto innecesaria y peligrosamente contractivo.

Podemos afirmar que la propuesta es contractiva -en relación a la fase del ciclo que está experimentando nuestra economía- sobre la base de datos que hablan por sí mismos. Primero, el crecimiento contemplado del gasto fiscal es de 4,3%, en circunstancia que este año la expansión de esta variable se ubicará entre un 15 y un 18% (dependiendo del resultado final de la inflación y de la ejecución presupuestaria). Ese aumento de 4,3% del gasto se compara, además, con una proyección de crecimiento de la economía de 5%.

Segundo, porque se considera una reposición de varios impuestos que la emergencia de 2009 obligó a rebajar. Por de pronto, se restablecería el impuesto de timbres y estampillas en una tasa de 1,2% a partir de julio (hoy es cero); se subiría el impuesto a la gasolina desde 4,5 a 6 UTM el litro desde abril, y se eliminaría el descuento de 7% en los PPM (15% en los de las Pymes). A esto se sumaría que durante 2010 tendría plena vigencia la eliminación del crédito del IVA a las viviendas. Todo ello implica un incremento en la carga tributaria de los chilenos de casi 1% del PIB.

El efecto conjunto de este aumento en la carga tributaria y de la moderación en el crecimiento del gasto fiscal es sustancialmente restrictivo. Un primer cálculo del impulso fiscal, concepto acuñado por el FMI, indica que este indicador pasaría desde un expansivo 3,6% del PIB en 2009 a un restrictivo -1% del PIB el próximo año. Esto es coherente con el interés de la autoridad por disminuir el déficit fiscal efectivo y con ello colaborar para que las tasas de interés se mantengan bajas por un período más prolongado y que el tipo de cambio no se aprecie. Pero el tema es que la dosis parece excesiva para una economía que da los primeros pasos de una reactivación que se proyecta a lo más moderada y que experimenta un desempleo muy elevado, que se mantendrá así por bastante tiempo, como nos enseñó la crisis asiática. Además, la posición financiera del fisco es todavía muy holgada, por lo que no se requiere de manera urgente un giro violento hacia más austeridad.

Es loable que se proponga como meta conseguir un balance estructural en el ejercicio 2010. Ello revela el propósito de volver a un manejo prudente de las finanzas públicas después de un año 2009 en que el fisco mostrará (posiblemente) un déficit estructural de 1% del PIB. Pero el Gobierno tiene las herramientas para conseguir este mismo objetivo sin necesidad de un presupuesto innecesariamente restrictivo, apelando al mismo tipo de metodología que aplicó este año: suponer que las reducciones transitorias de impuestos no deben ser consideradas para calcular los ingresos estructurales. En esta perspectiva, podría perfectamente posponer los aumentos en el impuesto de timbres y estampillas y el alivio de los PPM hasta 2011. Algo similar ha sido propuesto por Sebastián Piñera recientemente, en conjunto con un programa de gastos, también transitorios, para respetar el espíritu de la metodología mencionada, donde destacan un plan extraordinario de bonificación de 30% de un salario mínimo a la contratación de 150.000 trabajadores por 10 meses y el "bono marzo", en línea con lo realizado en marzo y agosto pasados.

Es correcto suponer que la economía chilena tendrá un 2010 mucho mejor que el año en curso. Es posible crecer al 5% que proyectan Hacienda y el Banco Central, pero no está garantizado. Por tanto, es indispensable no descuidar el manejo macroeconómico y evitar el riesgo de un retiro demasiado pronto y demasiado brusco del estímulo fiscal. Así lo han recomendado el FMI y diversos analistas. La economía chilena, al igual que la economía mundial, estará durante todo 2010 todavía muy vulnerable, con las defensas bajas (en terminología médica) después de la recesión. Una recaída no es descartable, pero está en manos de la autoridad disminuir la probabilidad de que ocurra.