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Como en pocos momentos de nuestra historia, se ha instalado con fuerza en las expectativas de la población la posibilidad de acceder a la categoría de país desarrollado. Este es el resultado de varias décadas de progreso del país. Para alcanzar esta meta debemos lograr la calidad institucional del promedio de los países de la OCDE, lo que nos permitiría pasar de un ingreso per cápita de US$ 15 mil a US$ 20 mil en una o dos décadas. El Consorcio para la Reforma del Estado mostró el camino que debemos seguir.

En Chile hemos dado pasos importantes en modernizar nuestras instituciones, como lo ilustran las estadísticas comparadas a nivel internacional, resultados de los que podemos estar orgullosos. Sin embargo, aún tenemos brechas significativas en la gestión de las políticas públicas, en el carácter del servicio civil y la calidad de los servicios públicos.

En estas nuevas transformaciones no están en discusión los bienes y servicios que aporta el Estado al desarrollo, que incluyen mantener la convivencia social, defender la integridad del territorio, gestionar las finanzas públicas, invertir en el capital humano del país, reconocer los derechos básicos de la convivencia social, proveer los servicios de infraestructura, asegurar que funcionen los mercados con suficiente eficiencia, administrar los activos públicos tangibles e intangibles y articular positivamente estas funciones en una estrategia de desarrollo.

Lo que está en juego es tener la capacidad para ejecutar eficientemente estas funciones, lo que requiere generar los acuerdos indispensables para despejar los inconvenientes que impiden avanzar en las trasformaciones.

Esto lo percibe la gente, porque frente a la pregunta sobre cuál es el principal obstáculo para mejorar la calidad de vida en Chile, sólo uno de cada cuatro personas responde que faltan buenas ideas, mientras que los tres restantes expresan que habiendo buenas iniciativas no sabemos llevarlas a la práctica (Encuesta PNUD 2009). En otras palabras, en Chile tiene mayor urgencia hacer bien lo que ya hemos definido que indagar en nuevos rumbos para alcanzar nuestros objetivos como nación.

Los desafíos de la reforma del Estado se pueden agrupar en tres ejes: abrir un nuevo camino para pasar de la estrategia a la acción, renovar el carácter del servicio civil y gestionar la calidad en la primera línea de atención de los ciudadanos. Lo primero significa sustituir la actual organización ministerial de las funciones por otra basada en los desafíos: la rigidez institucional hace perder de vista el carácter armónico que debieran tener los bienes y servicios públicos cuando son recibidos por los ciudadanos, a quienes poco les importa si los programas son ejecutados por uno u otro organismo, lo relevante es cómo le generan valor a la gente. Este enfoque permitiría restablecer la confianza entre la ciudadanía y el Estado porque incorpora la opinión de las personas en la elaboración y conducción de las políticas.

Segundo, en los últimos años el servicio civil en Chile ha adoptado un carácter más bien conservador respecto de su función como actor del desarrollo de las funciones del Estado. El pensamiento independiente, el espíritu de servicio, el juicio crítico y la inclinación a ejercer la potestad pública cada vez que corresponda han dejado de ser sus valores característicos, en buena medida porque la carrera de sus funcionarios ya no tiene los estímulos y reglas del juego que renueven estos principios. Un servicio civil efectivo sería aquel que reúne las características del compromiso activo con las metas, que tiene un pensamiento crítico, que responde a la necesidad de entregar bienes y servicios públicos de calidad a los ciudadanos y que está permanentemente buscando formas más eficaces para lograrlo. Éste sólo puede desarrollarse en organizaciones que operan a través de reglas predecibles y aceptadas, como meritocracia, rendición de cuentas y transparencia.

El tercer desafío es mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos. Ya no basta con aumentar el acceso de la población a estos bienes, sino que también importa lo que se entrega, incluyendo la calidad, la atención y la participación de las personas en todo el proceso. Un Estado de clase mundial produce bienes y servicios con un estándar comparable al que existe en los países desarrollados, pero la mayor parte de nuestras estadísticas apuntan a los recursos utilizados o a la cobertura lograda, mientras que en pocos casos hay estándares de calidad asociados a una oferta de valor e indicadores que permitan hacer un seguimiento a su cumplimiento. Definitivamente la calidad de servicio de cara a los ciudadanos es una de las brechas de la nueva generación de reformas que necesita nuestro Estado.

Para avanzar en este camino es indispensable generar confianzas y acuerdos amplios. La variedad de puntos de vista que se congregaron en las actividades del Consorcio refleja que los acuerdos son posibles. Ahora es, por un lado, el turno de los partidos y dirigentes políticos, quienes deben comprender que esta agenda de modernización tiene altos beneficios en el tiempo. Por otra parte, se necesita promover un liderazgo intermedio en el sector público, capaz de congregar a funcionarios dispuestos a establecer una relación constructiva, crítica y activa con sus directivos. Esto permitirá restablecer los valores fundamentales del servicio civil, los que están en la base del resultado que aspiramos a lograr.

Director Expansiva UDP.