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En los últimos cien años, la estrategia de desarrollo de Chile ha tenido dos ciclos prolongados: la sustitución de importaciones primero, y la apertura al exterior después.

Ambos se inician con una fase de instalación de los nuevos motores del crecimiento, seguida por un despliegue que exprime todas las oportunidades del nuevo paradigma. Las crisis de 1929 y de 1982 cumplieron igual rol de corregir el frenesí inicial, en que el riesgo de los inversionistas sobrepasa los resguardos del sistema financiero.

Más adelante, el impulso tiende a estacionarse y finalmente se llega a la saturación.

En el ocaso de cada ciclo aparecen las bases de uno nuevo, que a veces tarda en adquirir la fuerza necesaria para producir una transformación amplia. El dilema del nuevo gobierno es gestionar el paradigma que decae, o impulsar el salto a una sociedad innovadora.

A comienzos del siglo XX se instaló en el país el pensamiento nacionalista, marcado por “Nuestra inferioridad económica”, de Encina, en 1912. Por esos años nace el movimiento obrero de la mano de Recabarren, aumenta la migración hacia las ciudades y se gesta una férrea alianza entre el naciente empresariado y los grupos medios. Todo ello desacredita el modelo que se había seguido hasta ese entonces y que sirve de fundamento al creciente proteccionismo y a la expansión del Estado.

A pesar de las fuertes convulsiones políticas de la época, hay gran continuidad y transversalidad en las ideas que orientan el desarrollo económico y social. Por ejemplo, Pablo Ramírez, ministro de Hacienda, convocó en 1927 a un conjunto de ingenieros para que asumieran proyectos claves para el Estado, como la creación de las grandes empresas que existen hasta ahora, incluida LAN, que fue fundada en 1929. Los nuevos motores del crecimiento permitieron recuperar —hacia mediados de los 30— el enorme espacio que había dejado la crisis del salitre.

En los 50 entramos en una fase estacionaria: los abiertos conflictos políticos fueron seguidos por una aguda crisis económica. Al final de la década se publican los libros de Jorge Ahumada y de Aníbal Pinto, que hacen un descarnado diagnóstico de los obstáculos del país. El ciclo de la sustitución de importaciones había entregado todo su potencial y debía dar paso a un nuevo modelo de desarrollo.
Se sembraron algunas semillas —en la fruticultura, la pesca y el sector forestal— que germinarían mucho tiempo después, y se hicieron esfuerzos de racionalización de los excesos en que había caído el manejo de la economía, pero todo en dosis insuficientes.

El débil crecimiento agudizó la inestabilidad política y social. El quiebre de 1973, con todos sus costos humanos, marcó el abrupto fin de este ciclo y dejó atrás un país del cual todavía nos quedan lecciones que aprender.

El primer ciclo de reformas de los 70 condujo al delirio financiero, que precipitó el colapso de 1982-83. Lo que vino después fue el perseverante despliegue de las empresas del sector real utilizando las holguras disponibles, abriendo mercados internacionales y cerrando los rezagos de productividad. En la segunda mitad de los 80 se consolidó el crecimiento basado en los recursos naturales. Sin embargo, este modelo tenía flaquezas que lo hacían insostenible. Ningún país se puede desarrollar si está tan hondamente polarizado, como Chile en esos años. Además, la plena apertura al exterior no era posible en un país políticamente aislado. A lo anterior se agrega que casi la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza, lo que es incompatible con cualquier idea de progreso.

Motores del crecimiento

Por estas razones, la recuperación de la democracia generó tantos y tan diversos efectos positivos. Los éxitos del Chile actual no habrían sido posibles sin la conducción de la Concertación, aprobada por el electorado durante veinte años. Nada podrá modificar el orgullo que sienten los chilenos por este período y el legítimo reconocimiento que el país les ha otorgado a los líderes de este proceso.

Sin embargo, el ritmo de crecimiento comienza a decaer cuando las empresas se aproximan a la frontera tecnológica y se hace evidente el atraso en innovación, lo que va ampliando la brecha entre la realidad y las expectativas de la población, que el sistema político no logra encauzar.

Conocemos los factores que podrían volver a cambiar los motores del crecimiento: una convivencia social basada en reglas, la confianza en las alianzas público-privadas, el reconocimiento del mérito para desenvolvernos en redes abiertas, la flexibilidad y la cooperación para la innovación, el cuidado del capital humano y una visión compartida del desarrollo, como la que naturalmente se produce en las fases de mayor expansión, como fueron los años 30 o a comienzos de los 90, pero que difícilmente se alcanza cuando los paradigmas están en declinación, como en los 60 o en la década actual.

La Concertación tiene el mérito de haber planteado muchas de estas ideas, pero no logró articularlas en un proyecto de futuro, lo que marcó su desgaste. La Alianza, en cambio, ha sido nostálgica del modelo que se va, como si su lejanía de la conducción del país por dos décadas le hubiese impedido comprender los nuevos desafíos del progreso.

El fundamento de mi optimismo es que la Concertación podrá levantar la mirada, revisar críticamente su experiencia y actualizar su proyecto. Por su parte, el nuevo gobierno tendrá que hacerse cargo de situaciones que inevitablemente van a cambiar su forma de ver la realidad y podrá descubrir las verdaderas brechas que nos separan de nuestros sueños. En esta reflexión crítica está la esperanza de un nuevo aprendizaje para ambos sectores.

En síntesis, el dilema de las nuevas autoridades es limitarse a realizar una buena gestión de lo que hemos logrado, o ir más allá, y además impulsar el salto a una sociedad de la innovación. Para lo primero tiene el panorama despejado, aunque es un camino que no conduce al desarrollo. Lo que requerimos es instalar un nuevo paradigma para el progreso de las próximas décadas.

Director Expansiva-UDP