• Categorías



• Artículos
• Columnistas
  
• Francisco Rosende
• Hernán Büchi
• Jorge Marshall
• José Ramón Valente
• Opinión
• The Economist

Silvana Celedón Porzio

Más compleja que la primera tramitación del proyecto de salario mínimo -que finalizó el martes con el empate en la votación en comisión mixta- será el proceso que enfrentará el Gobierno una vez que se reponga la iniciativa a través del veto presidencial.

Es que no sólo es la primera vez que la actualización salarial llega a este punto -en los años anteriores la ley había sido aprobada al 1 de julio-, sino que también el proyecto se verá enfrentado a otro tipo de quórum. De acuerdo con la información de la Biblioteca del Congreso, el grueso de las iniciativas requiere de mayoría simple. Sin embargo, el veto presidencial exige del apoyo de los dos tercios en cada una de las cámaras.

En la Cámara de Diputados el Gobierno contaría con los votos necesarios, al sumar el apoyo de independientes y algunos de oposición; sin embargo, en el Senado -donde el oficialismo está en situación de minoría- hay legisladores que volverán a rechazar el proyecto si éste plantea un reajuste nominal de 5,8%, cifra que el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa el martes en la comisión mixta.

Esta es la postura que ayer expresaron los senadores Eduardo Frei (DC) y Pedro Muñoz (PS), quienes coincidieron en que el Ejecutivo "debe realizar un mayor esfuerzo".

El senador Juan Pablo Letelier (PS) no adelantó su votación, pero afirmó que "la negociación no ha finalizado" e insta al Gobierno a elevar la cifra. En tanto, Eugenio Tuma (PPD) y Hosaín Sabag (DC) señalaron que si bien no están de acuerdo con la última propuesta del Ejecutivo, aprobarán el veto aunque en éste se mantenga al alza de 5,8%.

Comisión

Divididas están las posturas en el Senado a las puertas de que ingrese el veto presidencial. Sin embargo, consenso hay a la hora de criticar la falta de socialización con los legisladores del informe de la Comisión de Salario Mínimo.

"El Gobierno no fue capaz de anticiparse a la negociación, de compartir con las comisiones de Hacienda y de Trabajo sobre la fórmula propuesta por la comisión", dijo Muñoz.

"Llegar al veto revela una tremenda falta de manejo de las autoridades. Sólo vimos planteamientos rígidos en el trámite", sostuvo Tuma.

Hosaín Sabag coincidió con la visión de Eugenio Tuma y de Pedro Muñoz. De hecho, argumentó que su apoyo al 5,8%, una vez que ingrese el veto, sólo radicará en la necesidad de evitar que el salario mínimo no se reajuste este año, lo que dejaría su monto congelado en $172 mil.

El 2,5% de reajuste real -que no considera el IPC, ya que dicha variable sólo apunta a recuperar el poder adquisitivo- del salario mínimo que propuso el Gobierno en la Comisión Mixta se enmarca en un amplio contexto de cifras que permiten dimensionar qué ha pasado con las remuneraciones durante los últimos once años.

De hecho, el señalado incremento -que fue rechazado por la oposición- si bien se ubica por debajo del alza real de 2,7% del año pasado, es superior al 2,3% promedio registrado entre 2001 y 2011 si se toma como referencia para el actual ejercicio la última oferta del Ejecutivo.

El 2,5% también es mayor a la evolución que ha experimentado el índice de salarios del INE, que ha exhibido un aumento real de 2% entre 2001 y 2011.

Ante este escenario, el foco de los expertos se centra en la productividad, que, de acuerdo a las proyecciones del economista jefe de Banchile, se ubicará en torno a 1% este año. De ahí que el analista advierta que cuando los salarios crecen por sobre la productividad, el desempleo tiende a ser mayor.

El economista Harald Beyer, presidente de la Comisión de Salario Mínimo, sostiene que en dicha instancia precisamente hubo algunos reparos sobre el posible efecto negativo de plantear reajustes más allá del crecimiento de la productividad laboral y de la inflación.

"Si se hubiese seguido esa regla, el aumento nominal debería haber sido de 4,7%. Por cierto, puede haber un margen para negociar en torno a esta cifra, pero a mí me parece que el reajuste (del Gobierno de 5,8%) está en el límite superior de lo que es razonable", afirma.

De hecho, explica que el alza nominal de 5,8%, atendiendo los rangos "razonables" de estimación de la elasticidad de demanda, impediría que entre 22 mil y 37 mil personas tengan la oportunidad de acceder a un empleo. Y agrega que si se hubiese llegado a un reajuste de 7% nominal, un número adicional de entre 26 mil y 44 mil personas habrían perdido la oportunidad de tener un empleo.

De acuerdo a Cecilia Cifuentes de Libertad y Desarrollo, "el salario mínimo en Chile no es reducido, sino al contrario, por lo que no habría en este aspecto razones para reajustes muy por sobre la situación general de remuneraciones en el país".

A su vez, el economista Alejandro Alarcón coincide con los reparos de Beyer y Cifuentes, pero advierte que en este debate también es necesario considerar otros elementos". En Chile el salario mínimo es bajo para cubrir las necesidades de muchas personas", sostiene.