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Ambos estuvieron a la cabeza de dos de los organismos clave en la investigación del caso La Polar. Sin embargo, sus visiones son distintas. Mientras Guillermo Larraín (ex SVS) afirma no haber tenido antecedentes, José Roa (ex Sernac) asegura que sí tuvo conocimiento de repactaciones y que advirtió a las nuevas autoridades.

Silvana Celedón y Julio Pizarro

José Roa: "La mediación del Sernac con La Polar por las repactaciones estuvo teñida de opacidad"

Trece meses y medio residió en Washington -donde estuvo estudiando como becario Fulbright- el ex director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa.

Ayer regresó a Chile e inmediatamente entró de lleno al debate sobre el rol del organismo que encabezó durante la administración Bachelet frente al problema de las repactaciones unilaterales en el retail .

Su gestión fue puesta en tela de juicio por el actual director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, hace casi una semana, en medio de la Comisión Investigadora del Caso La Polar.

Frente a esto, Roa se defiende: "Se han dicho muchas cosas falsas. Que el Sernac no hizo nada y que los reclamos se archivaron. Eso no existe. Los reclamos se gestionan y tienen una respuesta. Luego, en función de esa información, se toman decisiones de política pública".

-¿Cómo evalúa la forma en que el Sernac ha enfrentado el caso La Polar?

"La mediación del Sernac por las repactaciones unilaterales estuvo teñida de opacidad. ¿Por qué no fue pública? ¿Por qué no se coordinaron los organismos si tenían tantas pruebas y reclamos? Hay una serie de interrogantes que no logro responder".

-¿Qué acciones se tomaron cuando usted era director del Sernac al detectarse repactaciones unilaterales?

"Denunciamos en tribunales para tener sentencias condenatorias y demostrar que el Sernac tenía la razón. Eso era muy importante, porque algunas multitiendas decían que la práctica era legal, ya que existía una cláusula del mandato por medio de la cual podían determinar a nombre del cliente cuánta plata debía. El problema es que las empresas pagan la multa y siguen violando la ley. Es por ello que tomamos acciones complementarias. Una, a propósito del caso de las farmacias, fue presentar un proyecto que señala que las empresas condenadas tienen la obligación de cesar las conductas irregulares. Así no hay que iniciar un juicio nuevo, basta con informar al tribunal para que éste apremie la conducta. La segunda acción fue realizar un estudio de cláusulas abusivas en el mercado bancario y el retail . Tres, se envió un reglamento de créditos sobre prácticas abusivas e ilegales en el mercado del crédito a Contraloría, pero nunca supimos qué pasó. Cuatro, se mandó el proyecto sobre créditos universales para tener comparabilidad. Finalmente, se hizo la denuncia correspondiente en la SBIF".

-La SBIF ha dicho que no tiene facultades sobre el retail ...

"Según la circular 17 -que regula el contenido de los contratos e incorpora la prohibición de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, incluso en las empresas del retail que tienen operaciones significativas con comercios asociados- la SBIF sí tiene facultades".

-¿Por qué no se presentó una demanda colectiva?

"Justicia que tarda no es justicia, y la primera demanda colectiva se presentó en 2004 contra BancoEstado por modificación unilateral del contrato y aún no tiene sentencia definitiva. En segundo lugar, no es llegar y demandar: hay que presentar una serie de pruebas para acreditar que se trata de un juicio colectivo. Entonces, como no teníamos aún pruebas suficientes para acreditar una política comercial y la justicia tarda mucho, actuamos por otras vías que eran más eficientes para resolver los problemas en el retail . Lamentablemente, este Gobierno hizo borrón y cuenta nueva, paralizando las acciones de política pública que había iniciado el Estado en defensa de los consumidores".

Guillermo Larraín: "Ha habido presiones externas a la SVS que a mí nunca me pasaron"

Guillermo Larraín fue designado superintendente de Valores y Seguros en abril de 2007, año en que se habrían iniciado las renegociaciones unilaterales de clientes de La Polar y que originaron la actual crisis financiera al interior de la firma.

"Lo he estado conversando con gente que ha trabajado conmigo y no teníamos ningún antecedente de accionistas que hayan hecho quejas o clientes que se hubiesen acercado. Del Sernac tampoco", dice el economista que dejó la entidad fiscalizadora en marzo de 2010.

-Mirando hacia atrás, ¿cree que hubo un problema de fiscalización en este caso?

"La supervisión de los mercados financieros se hace por capas (...) Ahora, si hay una falla a nivel de SVS, me atrevería a decir que no, porque la forma cómo hace su supervisión no se puede llegar a tal nivel de detalle, de meterse en el programa que dice cuáles son las reprogramaciones que hay. Eso era muy difícil que lo detectara la Superintendencia, tanto en la época mía como en la actual".

-¿Pero qué grado de responsabilidad tiene la SVS?

"Cuando es un fraude bien maquinado, el último en enterarse es el supervisor. Salvo que aparezca algo raro, que llegue una denuncia de un inversionista o de un consumidor".

"Pero llegó el momento de cambiar cómo se hace la supervisión (...) Y creo que la forma es donde cualquier proveedor de servicios financieros reciba una fiscalización de conducta de mercado y otra que vigile si tiene el capital para cumplir los compromisos con el público".

-¿El actual modelo de fiscalización está obsoleto?

"Creo que sí. Este modelo fue creado en 1928 y no ha recibido cambios desde entonces (...) Cuando hay crisis como la actual, es la oportunidad para que la autoridad pueda avanzar y tomar decisiones agresivas y ambiciosas de reformas".

-¿Cree que la autoridad debiese dar una señal fuerte a raíz de este caso?

"Los delitos de cuello y corbata son graves y probablemente no existe conciencia de la gravedad. Es importante que no haya contemplación. Lo que sí me preocupa en este caso es que hay un grado de interferencia política".

-¿Ha faltado independencia a la SVS?

"Acá ha habido señales que me parecen complicadas porque desde el Gobierno, o al menos de dos ministerios, se ha estado diciendo 'que la superintendencia se va a querellar' o 'que la superintendencia va a hacer esto o lo otro'. La SVS es la que actúa y luego y el Gobierno podrá manifestarse. Pero la autonomía del ente supervisor es crítico para que se respete el debido proceso".

-¿Cree que puede haber un aprovechamiento político?

"A este gobierno le pesa más que a otros el hecho de que haya un fraude de esta naturaleza y que salga de la comunidad empresarial. Y es por eso que ha habido presiones externas a la superintendencia que a mí nunca me pasaron y creo que a mis antecesores tampoco".

-¿Ni siquiera en las sanciones contra Sebastián Piñera en el caso LAN?

"Nunca".

-¿Por qué dice que a este gobierno "le pesa" más la crisis de La Polar?

"Porque es percibido como cercano al mundo empresarial. Y eso le genera un conflicto de interés entre su relación natural, clara y evidente con el mundo empresarial y el impartir debida justicia en este caso. Acá hay un conflicto bastante claro y espero que se resuelva bien porque el Estado tiene que ser sobre todo leal a su fin último, que es velar por la fe pública".