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Silvana Celedón Porzio

Hoy los servicios públicos no están obligados a presentar estados financieros y sólo deben remitir en forma mensual un balance de comprobación y saldos, información que está destinada al proceso de consolidación efectuado por Contraloría con el propósito de informar sobre la situación presupuestaria, financiera y patrimonial del Estado.

Esta situación está ad portas de ser revertida. Al cierre de este año todas las entidades públicas estarán obligadas, por primera vez, a elaborar una cuenta pública a través de la presentación de estados financieros gubernamentales. El organismo fiscalizador exigió realizar tal presentación para el ejercicio contable de 2011.

La Contraloría, liderada por Ramiro Mendoza, y la Dirección de Presupuestos (Dipres), encabezada por Rosanna Costa, se encuentran por estos días abocadas a crear condiciones apropiadas para que las instituciones puedan adoptar esta medida, la que será la antesala de una reforma de mayor envergadura que se implementará a partir de 2015 para las entidades del gobierno central: la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), que son un análogo de las IFRS desarrolladas en el mundo privado.

Desde la Contraloría adelantaron a "El Mercurio" que una de las principales ventajas de hacer este cambio es que se facilita la comparabilidad de la información de los distintos organismos públicos con los otros países que estén bajo las NICSP.

Además, la normativa internacional pone énfasis en el uso de "revelaciones" ( disclosures ) en los estados financieros, lo que hace que se cuente con mayor información financiera y de gestión, y también facilita la comprensión de éstos, para que no solamente los expertos puedan entenderlos. Otro aspecto fundamental que se introduce es la valorización de activos y pasivos, que en la ley actual se registran al valor de costo. Bajo los estándares internacionales existen dos métodos: costo y valor justo, lo que se traduce en valorizar los activos y pasivos a su valor de mercado.

Dada la envergadura de esta reforma, la Contraloría ha estado trabajando con la Dipres en este proceso de convergencia y se han establecido las mesas de trabajo entre ambos organismos para analizar los aspectos relacionados con el presupuesto, los sistemas de información y los efectos en las estadísticas fiscales que generará este cambio.

Mauricio Cuevas, director IFRS de Deloitte, firma que ha liderado un proceso de sensibilización en distintos organismos públicos sobre la envergadura de esta reforma, explica que la adopción de estas normas NICSP es un proyecto prioritario para la OCDE, que constituye un elemento clave del proceso de globalización. Y esto, porque mejoran tanto la fiabilidad como la comparabilidad de la información financiera, lo que conduce a un mejor proceso de adopción de toma de decisiones, gestión y utilización de recursos gubernamentales, dice.