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Con el correr de las semanas el denominado "conflicto universitario" ha ido perdiendo el foco en los aspectos que, a mi juicio, debieran ser centrales dentro del debate -calidad y acceso- para centrarse en cuestiones de un mayor contenido ideológico, como es el denominado tema del "lucro".

Una mirada positiva del mencionado conflicto debe advertir que una causa importante del mismo es el alto "premio" a la educación universitaria de calidad que otorga un sistema de economía de mercado, como el que ha sido impulsado en nuestro país por casi cuatro décadas. En ese sentido, es comprensible y deseable un debate serio en torno a las falencias del sistema actual, para a partir de allí adoptar las acciones necesarias en aras de su mejoramiento.

Es importante advertir que una causa de las diferencias -y deficiencias- que muestra actualmente nuestro sistema universitario se encuentra en problemas que se originan en la educación escolar, los que han estado ausentes en el actual debate. Estas diferencias y limitaciones de la educación escolar que reciben una fracción importante de los jóvenes de nuestro país quedan año a año en evidencia en los resultados que entregan la PSU y otras evaluaciones como el Simce. Así, una estrategia efectiva de mejoramiento en la calidad del sistema universitario -y de promoción de una mayor igualdad de oportunidades para los diferentes segmentos de la población- debiera comenzar con un análisis cuidadoso de la educación escolar y la pre-escolar, a la que acceden la mayoría de los jóvenes del país. Si bien han existido progresos en este ámbito, subsisten temas pendientes, dentro de los cuales se echa de menos el debate, por ejemplo, sobre el Estatuto Docente y los mecanismos de evaluación de las instituciones involucradas.

La búsqueda de fórmulas que permitan perfeccionar los mecanismos de financiamiento de los estudios universitarios es, sin duda, un elemento esencial dentro del debate. No obstante, parece evidente que la canalización de recursos públicos a este propósito debe sustentarse en una adecuada focalización en los grupos más necesitados, junto con el reconocimiento de que la rentabilidad privada de una educación universitaria de calidad habitualmente es alta. Esto nos permite insistir en dos conceptos fundamentales para el diseño de una eficaz política universitaria: calidad y focalización.

La teoría y la evidencia han puesto un fuerte acento en el papel del capital humano como causa del crecimiento de las economías en el mundo moderno. Este resultado es coherente con el interés de las personas por acceder a una educación de calidad y de los gobiernos por lograr que esta oferta se encuentre disponible.

Una manifestación elocuente de este extendido interés por ser parte de la "sociedad del conocimiento" se expresa en la gran cantidad de jóvenes, que desde los más distintos países, postulan a las principales universidades del mundo. Por su parte, éstas compiten fieramente por atraer a los estudiantes más talentosos, con capacidad de liderazgo o a aquellos que son buenos deportistas, a través de diferentes e ingeniosas fórmulas. Por otro lado, estas mismas universidades se esfuerzan por atraer a los mejores profesores, también con variados mecanismos de incentivos, los que van mucho más allá de una simple negociación de sus remuneraciones. Así funcionan los mercados complejos o de "características".

Un sistema universitario eficiente requiere de una oferta variada de proyectos, lo que naturalmente involucra una presencia importante de inversión privada en esta tarea. La atracción de talentos al área educacional supone un esfuerzo de cada universidad por construir un clima propicio para el desarrollo de la docencia y la investigación, pero además de ello, de una remuneración para cada actor del proceso que refleje el costo de dejar otras alternativas de empleo para éstos. En nuestro actual debate esta situación podría asociarse con el estigmatizado concepto del "lucro".

Respecto al papel del Gobierno, podemos resumir éste en: asegurar la existencia de información actualizada y oportuna acerca de las características y resultados de los diferentes proyectos universitarios, lo que permitiría desarrollar una competencia más efectiva; promover la igualdad de acceso a los diferentes sectores de la sociedad, por medio de una efectiva política de becas y créditos universitarios y en el compromiso de recursos públicos al financiamiento de actividades como la investigación, a la que se asocian externalidades que hacen aconsejable su estímulo.

Después de largas semanas de conflicto, en las que han predominado las visiones ideológicas de la sociedad y del sistema educacional, parece necesario situar una importante discusión en un plano técnico, a partir del cual será posible construir políticas que permitan seguir progresando en las próximas décadas.