• Categorías



• Artículos
• Columnistas
  
• Francisco Rosende
• Hernán Büchi
• Jorge Marshall
• José Ramón Valente
• Opinión
• The Economist

Soledad Neira

En fallo dividido, dos contra uno, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó los siete recursos de protección interpuestos en contra de la aprobación ambiental del proyecto HidroAysén, complejo hidroeléctrico que Endesa y Colbún impulsan en la XI Región.

El voto disidente fue del ministro Hernán Crisosto, quien estimó que "algunas partes del proyecto vulneran las garantías del derecho a la vida e integridad física, así como a la igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación".

El tribunal dejó sin efecto las órdenes de no innovar decretadas durante el proceso.

Crisosto estuvo por acoger en parte los recursos de protección y dejar sin efecto la autorización otorgada en mayo pasado, para que el proyecto fuera rechazado mientras no fueran subsanados los puntos que suponían una vulneración de las garantías constitucionales.

Planteó que "la Corema de la época debió disponer de inmediato un Informe Consolidado de Evaluación, ICE, rechazando el proyecto, para que fuera oportunamente presentado uno nuevo que se ajuste a la normativa ambiental y protección de parques nacionales".

Al conocer la resolución del tribunal de alzada, dos de los recurrentes, el senador Antonio Horvath y Patagonia Sin Represas, anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema para impugnar el fallo.

El abogado de HidroAysén, Mario Galindo, estimó que el proceso ante la máxima instancia judicial podría tomar entre cuatro y cinco meses.

El profesional indicó que la resolución emitida ayer es sólida en sus fundamentos, y que se ajusta plenamente a derecho y "resuelve cada una de las alegaciones que se hicieron en contra del proyecto".

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, indicó que la justicia demostró que la institucionalidad ambiental funcionó y no actuó de manera incorrecta.