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Pablo Obregón Castro

Hasta ahora, todo era aplausos para la extensión del posnatal de tres a seis meses. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir algunas dudas entre las funcionarias del sector público que, originalmente, leyeron la ley de manera distinta a cómo lo hicieron el Gobierno y los parlamentarios que aprobaron la iniciativa.

El reclamo surge porque, antes de aprobada la ley, las trabajadoras del sector público tenían garantizado un posnatal que cubría el 100% de sus remuneraciones y sin tope alguno. Esta situación obedecía a que las profesionales del sector público suelen ganar menos que sus pares del ámbito privado y, con este beneficio, se pretendía hacer que la carrera funcionaria fuera más atractiva para estas personas.

Al extenderse el permiso a seis meses, las funcionarias del Estado asumieron que para ellas no se aplicaría el tope máximo de 66 UF. Esto, porque la cobertura de 100% se entendía como un derecho adquirido que debía mantenerse, incluso durante el tiempo de cobertura extendido.

Según la dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Anabel Jara, durante la tramitación del proyecto este punto se discutió con las autoridades de Gobierno y con los congresistas, pero finalmente los funcionarios del Estado tuvieron que deponer su rechazo a esta parte del proyecto para no aparecer perjudicando a las mujeres del sector privado.

"Lo que logramos a cambio fue que se nos respetara en el cálculo del posnatal extendido los bonos que reciben las funcionarias que se desempeñan en zonas extremas, situación que en el proyecto original no estaba considerada", dice.

En las regiones más alejadas, estos bonos pueden representar hasta el 30% de los ingresos totales de los trabajadores. ¿Por qué no se incorporaban en el cálculo original? Porque a ojos de la ley ninguna de estas bonificaciones se consideran como renta imponible.

Según cálculos preliminares, el no pago del 100% de la remuneración afectaría a una de cada tres funcionarias, precisamente a aquellas que están en la parte más alta de la escala administrativa y que, dada su formación y experiencia, son las más empleables en el sector privado.

Por lo mismo, "estamos preparando y estudiando los antecedentes para hacer una presentación en la Contraloría y en todos los espacios, porque si bien hay una extensión del beneficio, conlleva una pérdida de un derecho adquirido", dice Jara.

En el Sernam comentan que la ley mantiene los beneficios antiguos para las empleadas del sector público y que sólo se someten a la misma regla de las mujeres del sector privado para efectos del régimen extendido: "Ellos (la Anef) estuvieron en la última sesión y se llegó a un acuerdo para que se mantuviera el bono de zona extrema".