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Pablo Obregón Castro

Hace dos semanas, el Senado aprobó de manera unánime un proyecto de ley que modifica el concepto de empresa y que en 2006 ya estuvo a punto de convertirse en ley.

Esa vez, la iniciativa presentada por el Partido Socialista sólo se frustró debido a que el entonces senador Andrés Allamand la impugnó con éxito ante el Tribunal Constitucional.

Esa instancia falló nueve a cero contra el proyecto bajo el supuesto de que cambios de esa naturaleza sólo podían venir del Ejecutivo y no de una moción parlamentaria, como ocurrió en este caso. Un error de forma.

¿Qué pasó para que el oficialismo terminara validando el mismo proyecto que hace unos años rechazó? "La iniciativa del actual gobierno para limitar el uso fraudulento del multi RUT (compromiso asumido por el Presidente Piñera) era tan alambicada, que era políticamente inviable. Por eso se llegó a este primer acuerdo político, que consiste en aprobar en general el proyecto que presentó en 2006 el diputado Sergio Aguiló, que es menos duro que lo que estaban proponiendo los senadores Ximena Rincón y Pedro Muñoz. Esto prueba que en política tú lanzas un ladrillo y te pueden llegar tres de vuelta", dice uno de los testigos del debate.

Este último punto -y la posibilidad cierta de que no se pudiera avanzar en esta materia- llevó al Ministerio del Trabajo a avalar un texto cuyo contenido no comparte del todo, pero que apuesta a modificar considerablemente a través de indicaciones que se presentarían en los próximos sesenta días.

Proyectos en pugna

Para quienes han seguido el curso de la discusión, las diferencias que se presentaron hace cinco años están lejos de haber desaparecido y lo que se vivió hace dos semanas -el contundente respaldo que se le dio al proyecto- no pasa de ser un espejismo que desaparecerá en los próximos 60 días, que es el tiempo que se dieron los congresistas para incorporar indicaciones.

El gobierno ha defendido la idea de entregar a la justicia laboral la responsabilidad de resolver, caso a caso, si detrás del multi RUT existe o no una empresa única encubierta. Para tales efectos, los trabajadores deberán acreditar la existencia de tres condiciones: que se trate de un mismo controlador; que las empresas en cuestión elaboren los mismos productos o presten los mismos servicios y que exista una dirección laboral común.

La Concertación, en tanto, considera que el piso es ratificar la modificación ya aprobada del concepto de empresa e, incluso, avanzar en materias que van más allá de los derechos sindicales. Tal como advierte la integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, Ximena Rincón (DC) el problema del multi RUT no es sólo un asunto de negociación colectiva, sino que atraviesa toda la legislación laboral y debe resolverse modificando el concepto de empresa.

"En nuestro país, sólo un trabajador de cada diez está cubierto por un instrumento colectivo y entre 8% y 10% están sindicalizados, entonces es válido preguntarse si el multi RUT es sólo un problema de negociación colectiva o en el fondo cruza la legislación tanto colectiva como individual. ¿Qué pasa con el derecho a sala cuna, con las gratificaciones y los demás derechos individuales? Esa es la respuesta que la gente nos está pidiendo, que terminemos con el abuso. Lo que nos falta ahora es ponernos de acuerdo en cuál será la mejor solución", dice Rincón.

Una idea que ha ido tomando fuerza en el gobierno recogería parte de una propuesta de la Universidad Adolfo Ibáñez: crear una comisión autónoma -a la usanza del panel de expertos del sector eléctrico- que evaluaría los casos de controversia. Además, para entregar mayor certeza jurídica a las partes esta comisión podría hacer calificaciones preventivas.

Con todo, el abogado y ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz -quien trabajó junto con Ricardo Solari en esta propuesta- aclara que, a esta altura, "no modificar el concepto de empresa implicaría que no hay voluntad de avanzar en materia laboral y se volvería a fojas cero", advierte.
Gremios: proyecto es extemporáneo

En el mundo empresarial, la aprobación del proyecto no cayó bien y, en esa línea, esperan que el Gobierno presente en estos 60 días una indicación que preserve el actual concepto de empresa.

El secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago, Cristián García Huidobro, considera que haber instalado este debate es extemporáneo: "Se sigue insistiendo en un fenómeno no cuantificado. Cabe preguntarse cuán vigente está el problema en la actualidad", dice.

Otras fuentes empresariales advierten que la modificación del concepto de empresa que se aprobó en el Senado podría tener efectos comerciales, económicos y tributarios que no se han sopesado del todo.

En la misma línea, el investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, Daniel Montalva, advierte que el proyecto aprobado podría incurrir en un vicio de constitucionalidad formal señalado en una sentencia dictada en 2006 por el TC, toda vez que se trata de una materia de iniciativa exclusiva presidencial.

"La definición de empresa que se propone viene a desconocer su individualidad legal y permite por esa vía que personas jurídicas distintas resulten virtualmente asociadas para ciertos efectos, sin haber pacto entre ellas. Ello violenta la libertad contractual y constituye un desincentivo a la contratación laboral, aumentando los riesgos, lo que limita la posibilidad de encontrar empleo por parte de quienes no lo tienen, en lo cual se deberían centrar las prioridades en esta materia", dice el investigador.
500 Razones Sociales

identificó la Dirección del Trabajo en las principales cadenas del retail en una investigación realizada en 2007.