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A. G.

Aunque Felipe Irarrázabal es hoy la cara visible como titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), al interior de la entidad el trabajo se ha especializado. A tal nivel, que la reciente denuncia de colusión que entabló contra tres empresas y contra la asociación gremial de la industria de pollos la investigó una unidad que desde hace un par de años se ha enfocado en indagar carteles.

Aunque operaba desde hace tiempo, en 2010 se oficializó la existencia de una unidad anticarteles en la que trabajan nueve profesionales, entre abogados y economistas dedicados full time a la pesquisa de colusiones. La unidad está a cargo de la economista brasileña Laura Poggi Rodrigues. Titulada de la Universidad de Campinas, de Sao Paulo -especializada en temas agrícolas-, y con un posgrado en el London School of Economics (LSE), Poggi tiene en su currículo haber trabajado en el Ministerio de Hacienda de Brasil, en el área libre competencia y fusiones. Y luego en el CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil), el organismo antimonopolios de Brasil.

Como jefa de unidad, Poggi se involucró en el caso Fasa, Achap, y las agencias de viaje. Y en el pasado vio también la llamada "guerra del plasma".

El grupo anticarteles también lo integran otros ocho jóvenes profesionales: Juan Ignacio Donoso; Salvador Vial, abogado penalista, quien para este caso de los pollos está inhabilitado. El profesional viene del estudio que en esta particular causa representa al gremio denunciado, la Asociación de Productores Avícolas (APA).

También es parte de la unidad anticarteles la abogada Alejandra Vallejo (máster de Harvard y quien trabajó con el ex ministro Andrés Velasco y la subsecretaria María Olivia Recart); el abogado Alberto Treizman, el economista y máster en Cambridge Carlos García, y los economistas Maicol Cerda, Francisco Rojas y Mauricio Soto.

En el caso pollos, también participó en forma especial Víctor Santelices, abogado y quien en el pasado se desempeñó como fiscal del Ministerio Público en la zona oriente.

Toda esta unidad anticarteles reporta y depende de la división de Investigaciones de la Fiscalía, que comanda Ronaldo Bruna, economista y máster de Ilades Georgetown University, y quien tiene a su cargo un total de 31 profesionales, 16 abogados y 15 economistas.

Debido a su carga de trabajo -sólo el área anticarteles está viendo unos siete a ocho casos en paralelo-, la división está aumentando dotación, y se espera que se integren cinco a seis nuevos profesionales.

Ahora que ya derivó el caso pollos a la división Litigios -encargada de proseguir las causas ante el TDLC (Tribunal de Defensa de la Libre Competencia)-, el equipo que comandan Poggi y Bruna, como jefe de división, está abocado a las licitaciones públicas en el Estado.

"Es una decisión respecto del combate a carteles, cuando el Estado está comprometido, subastas arregladas o colusión en licitaciones. Tenemos como socio a ChileCompras, estamos entrando en la base y vamos a revisar las licitaciones para ver patrones, y buscar activamente ilícitos anticompetitivos en compras públicas", anticipa Ronaldo Bruna. ¿Por qué? "Internacionalmente, hemos visto que tiene un impacto muy grande, porque el Estado sigue comprando. En Alemania, el único delito que tiene cárcel en libre competencia es colusión en licitaciones públicas", dice.

Modus operandi

Las técnicas investigativas de la unidad anticarteles se han sofisticado en sigilo. No sólo porque los cambios legales aprobados le dieron capacidad -previa orden judicial- de incautar e interceptar comunicaciones. También en lo que se refiere a medidas prácticas adoptadas al interior de la FNE.

Se dotaron de un laboratorio y software forense especializado en revisar y/o copiar servidores de computadores para hacer cruces de datos y buscar patrones en la información en forma rápida. Este software fue utilizado por el equipo del Cibercrimen del Ministerio Público para revisar correos en el caso Farmacias.

En las mismas oficinas de la fiscalía hay una sala especial donde se acopia todo el material confiscado, como computadores, notebooks , archivos y documentos físicos. Dicha sala está resguardada con una doble puerta de acero y a ella sólo accede personal predefinido en un listado, y bajo control de identificador biométrico (iris del ojo). Esto se hace para resguardar la información personal de los dueños de los objetos incautados, hasta que les devuelven los objetos.

Y algo más. Durante la etapa de investigación, la carpeta del caso usa una chapa o nombre de fantasía -nunca el nombre verdadero del caso-, para que nadie más de la fiscalía pueda saber de qué se trata. Así, la jerga en la que hablan remite al "caso Picasso", o "el caso Miro", que no guarda ninguna relación con la industria, la empresa o las personas investigadas.

¿Cómo definen qué área de la economía investigarán? Nada es al azar ni aleatorio, sino que buscan mercados prioritarios, con alto impacto en la sociedad, explica Bruna.

Hay indicadores neurálgicos que van "sumando puntaje" para que decidan las industrias en caso de las investigaciones propias. El porcentaje del PIB que representan, cantidad de reclamos de los consumidores, que tengan alto impacto en la canasta familiar. También cuando se trata de mercados donde hay encadenamiento productivo, alta perecibilidad, o productos homogéneos. Y también patrones que llamen la atención: igualdad de precios en el tiempo o porcentajes de mercado estables son alertas.