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Rienzi Franco

El Ejecutivo confirmó ayer que el Presidente Sebastián Piñera definió no enviar, de aquí al 31 de diciembre de este año, un proyecto de ley al Congreso para mantener en 20% el impuesto de primera categoría que pagan las grandes empresas.

Con la decisión, a partir del primer día de 2012 regirá

una tasa de 18,5%. Con ello se volverá paulatinamente, según el cronograma que estableció el Gobierno -y que aprobó el Parlamento- a la tasa que regía previo al terremoto, tras el cual se consideró el aumento del gravamen para así recaudar fondos para la reconstrucción. Así, a contar del año comercial 2013, el impuesto retornará a su tasa original del 17%.

A pesar de que la medida se pensó como transitoria, la mantención del 20% adquirió fuerza en el contexto del análisis de una reforma tributaria que impulsó la oposición y algunos sectores de la Alianza.

Es por eso que el cambio tributario se incorporó en el debate que se inició en La Moneda luego de aprobarse la Ley de Presupuesto.

De esta forma, la resolución del Ejecutivo -en cuanto a mantener o no la actual tasa en 20%- sólo se va a adoptar una vez que se debata con los partidos políticos.

La discusión se inicia la segunda semana de enero con audiencias que va a liderar el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto a los presidentes de RN y la UDI, senadores Carlos Larraín y Juan Antonio Coloma, respectivamente. Luego de ambos, será el turno de los jefes de las colectividades de la oposición.

Aparte del tributo para las grandes empresas, el Gobierno va a incorporar en la discusión otros aspectos relacionados, como lo es la elusión, la evasión, el reordenamiento de los tributos, las exenciones y las franquicias.

Todo esto, en el contexto de lo que el Presidente Piñera ha denominado como un "perfeccionamiento tributario" de la actual estructura impositiva.

Mientras tanto, las compañías afectas al tributo van a calcular el pago provisional mensual (PPM) en base al 18,5%. Pero, de efectuarse un cambio las provisiones aumentarán al 20%.

Es por eso que en La Moneda restan importancia a la urgencia de legislar sobre la materia, debido a que el plazo para cancelar el impuesto vence en abril de cada año. Es así que de todas maneras, en 2012, las empresa pagarán el 20% de las utilidades obtenidas durante el año anterior, es decir 2011.

Por el contrario, de ser aprobada la medida, ésta va a regir para el ejercicio del año 2012, pero que se liquida en 2013. La fórmula da espacio al Gobierno para sostener un "debate reflexivo", porque el cobro del impuesto opera sobre el concepto de un año tributario completo y no sobre un criterio mensual, aseguran en el Ejecutivo.

CPC: "La ley tiene un plazo"

Sobre el punto, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Lorenzo Constans, dijo ayer en La Moneda a "El Mercurio" que "la ley tiene un plazo y tiene una tasa, nosotros la apoyamos entusiastamente para una razón muy específica".

A su vez el representante de la agrupación de empresarios planteó que la evolución de algún cambio en los gravámenes a los que hoy están afectos se debe dar en el contexto de "una discusión muy tranquila, muy transparente, y tener claro las posibilidades del país respecto de un crecimiento que ya no es el mismo y que, por lo tanto, las empresas van a tener otra barrera que superar".

A su vez, Constans llamó a tener en consideración que "las empresas deben tener la agilidad suficiente en un mundo globalizado pero también en un mundo convulsionado y ésos son dos elementos que van a entrar en la discusión, en la conversación sobre el tema".

Por cierto, la CPC ya está informada del no envío de la iniciativa -en lo que resta de este año- para mantener la actual tasa del impuesto de primera categoría.