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El trasfondo de las irregularidades en educación

El Estado chileno -en su expresión como Servicio de Impuestos Internos o cualquiera de sus facetas fiscalizadoras- jamás aceptaría de un agente privado, particular o empresa, las explicaciones contradictorias, elusivas y vagas dadas por el Ministerio de Educación frente a las graves irregularidades detectadas en él por la Contraloría como argumentos para justificar un incumplimiento de obligaciones y responsabilidades. Y ese rechazo estaría justificado.

La reconocida habilidad política de la ministra Provoste y el empeño de la Presidenta Bachelet para defenderla han sido insuficientes para sortear el escrutinio público propio de cualquier episodio de estas características. La ciudadanía percibe que la desprolijidad y el desorden -que admiten tácitamente las autoridades del área- son incompatibles con el esfuerzo económico que hace el país para resolver los problemas de nuestro sistema educacional, en especial del sector público.

No cabe calificar estos hechos como actos de defraudación hasta que no concluya el proceso de fiscalización de la Contraloría. Pero la actuación de Provoste y su estrategia de confundir a la opinión pública sólo contribuyen a irritar al mundo político y a alimentar el temor de que la ineficiencia haya facilitado brotes de corrupción, como los que ya investiga la justicia por defraudaciones de sostenedores educacionales en posible complicidad con funcionarios ministeriales. En estos mismos días, los chilenos identifican -en un estudio de Adimark- la "corrupción en los actos del Estado" como una de las áreas peor evaluadas del Gobierno de Bachelet.

Al finalizar la semana, Provoste sufrió un nuevo revés, al rechazar la Contraloría la metodología propuesta por el ministerio para la conciliación bancaria de las cuentas corrientes de la secretaría regional metropolitana correspondientes a 2004-2006. La aclaración de este último año fue uno de los refugios argumentales a que recurrió Provoste en su comparecencia ante la comisión de educación de la Cámara.

Inexplicablemente, el Ejecutivo ha respaldado la conducta zigzagueante de la ministra Provoste, y ahora se expone a que -en caso de prosperar la acusación constitucional presentada en su contra por eventual quebrantamiento de los principios fundamentales de la administración pública- el daño alcance directamente a la Presidenta, en vez de operar la natural responsabilidad política de los ministros. Con todo, aún resulta prematura la suposición de que el fundamental acuerdo legislativo alcanzado para mejorar la calidad de la educación chilena -que debe tramitar el Congreso- pudiera fracasar por la fricción política resultante.

La acusación constitucional de los diputados de la Alianza, por su excepcionalidad jurídica y política, debe evaluarse serenamente en su mérito. Cabe esperar que así ocurra en su discusión en la Cámara y, si se declarara procedente, en el Senado, que deberá resolverla como jurado.

Pero la crisis de las irregularidades en educación no debe agotarse en su arista exclusivamente política. Los escándalos del MOP-Gate y del caso coimas que sacudieron al gobierno de Lagos dieron lugar a un importante impulso modernizador del Estado. Pese a que éste ha perdido fuerza en el último tiempo, cabe retomarlo con especial énfasis en aquellas áreas -como educación- en que el país hace un significativo esfuerzo económico por avanzar. La precariedad de los procedimientos administrativos y la escasa calificación profesional de algunos de los responsables de importantes decisiones operacionales en el Ministerio de Educación no pueden pasar inadvertidas. Si la transferencia de las subvenciones a los establecimientos educacionales ha derivado en tamaño desorden, ¿a qué riesgos estamos expuestos con la reforma previsional que se impulsa y en el pago de la pensión solidaria que se proyecta? Es apremiante la ya impostergable urgencia de profundas transformaciones en la institucionalidad estatal y la gestión pública, y ello debe incorporarse centralmente a las prioridades del Gobierno.

El panorama presidencial de la DC

La senadora Alvear logró formar su lista con figuras representativas de las principales corrientes del partido. Claudio Huepe, del sector "chascón"; Hosaín Sabag, un ex "colorín", y Carlos Mladinic, un reconocido freísta, quedando sin contendores en la carrera por la conducción del PDC. Si logra consolidar esta gobernabilidad en la dirección del partido, Alvear verá fortalecida su opción presidencial y deberá centrar sus esfuerzos en sortear exitosamente la elección municipal de octubre.

Con todo, la designación del abanderado de la Concertación en 2009 se advierte como uno de los procesos más difíciles de esa coalición. En la oposición, Sebastián Piñera se ve beneficiado por el 47 por ciento alcanzado en la última elección y por su sistemático liderazgo en las encuestas -el estudio de El Mercurio-Opina publicado ayer registra una cómoda ventaja del ex senador.

En el oficialismo, la lucida gestión de Insulza en el conflicto diplomático entre Colombia y Ecuador revive el entusiasmo que él despierta en sectores del PS como una opción presidencial que da garantías de capacidad política.

Pero Eduardo Frei -al renunciar a competir por la dirección del PDC- indirectamente explicitó su interés en ser el abanderado, y está pendiente la definición de Lagos.

No cabe duda de que la competencia electoral que vivirá el país será muy reñida. La alianza opositora está convencida de la necesidad de una alternancia en el poder y manifiesta una férrea voluntad de constituir una nueva mayoría y derrotar a la Concertación. En cierta medida, la misma acusación constitucional parece responder a ese ánimo de desafiar a una Concertación que ya no es mayoría en el Congreso. Pero la coalición de centroizquierda, más allá de sus quebrantos y conflictos, continúa considerándose suficientemente fuerte y con voluntad para mantenerse en La Moneda.