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El pleno de la Corte Suprema ha designado a uno de sus ministros -Jaime Rodríguez Espoz- para que indague acerca de las alusiones que afectan al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Lamberto Cisternas, en el "caso Rocha". En el marco de la investigación por el homicidio del martillero Fernando Oliva, a quien se sindicó en numerosas oportunidades como un presunto "gestor judicial", dicho alto magistrado ha sido aludido como supuesta parte de su red de contactos, lo que él ha desmentido categóricamente.

La decisión del máximo tribunal merece amplio respaldo. En la causa referida parece dibujarse, eventualmente, la situación de que la víctima del delito dedicaba parte de su tiempo a incidir en el trabajo de los tribunales, ofreciendo a alguna de las partes inclinar la balanza a su favor mediante sus oficios, y a cambio de una remuneración. Naturalmente, imputaciones de esta naturaleza no pueden ignorarse. Más allá de la lamentable suerte del aludido, la existencia de "gestores judiciales" enloda no sólo a las partes que consienten en pagar tales servicios, sino muy especialmente al Poder Judicial, al que esos episodios hacen aparecer apartándose de la imparcialidad exigible al órgano encargado de impartir justicia.

Por eso, la decisión del pleno no podía hacerse esperar. Todos los ciudadanos que concurren a los tribunales a ventilar sus problemas legales tienen el derecho a contar efectivamente con un juicio justo y, además, el derecho a que no quepa ningún atisbo de duda de que han obtenido una solución atenida a derecho. La justicia no sólo debe ser plenamente proba e imparcial, sino también muy cuidadosa en parecerlo. La plena confianza de haber recibido un juicio justo fundamenta la obligación de acatar una sentencia adversa.

Se justifica plenamente, pues, la investigación interna de la corte. Estas señales de probidad y preocupación por la imagen del Poder Judicial permiten que semejantes prácticas se vayan desterrando de nuestro sistema y -no menos importante- que aquellos injustamente aludidos puedan salvar sus responsabilidades en las instancias correspondientes.

Como bien lo ha señalado el vocero del Poder Judicial, "es conveniente que estas cosas se aclaren, y no queden en la oscuridad. Eso es bueno para todo el mundo, y principalmente para el ministro que se ve involucrado".