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El Estado destinará este año una cifra del orden de cuatro mil 600 millones de dólares a pagar las subvenciones escolares. Es una cifra muy significativa, y sólo el gasto en pensiones supera en magnitud a este programa gubernamental. Lamentablemente para el país, los desórdenes que quedaron al descubierto en la secretaría ministerial metropolitana de Educación hacen indiscutible que la gestión de estos recursos está muy lejos de satisfacer estándares mínimos.

Cabe recordar que el financiamiento estatal a la educación escolar es por estudiante según asistencia: se trata de un bono fijo por cada alumno matriculado en un establecimiento, cuyo valor se ajusta de acuerdo con la asistencia a clases que aquél registre. Así, si hay cien estudiantes matriculados en un establecimiento, y durante un mes asisten en promedio sólo 90 de ellos, el establecimiento recibirá un ingreso mensual equivalente al valor del bono multiplicado por dicho promedio. Hay aquí dos procedimientos clave: por una parte, la verificación de la asistencia y, por otro, el pago de los recursos a los colegios. Ambos procesos van acompañados de una serie de controles internos, entre los que se cuentan las conciliaciones bancarias, cuyos errores y ausencias están en la base de los desórdenes que ha conocido la opinión pública.

Según lo informado por el ministro del Interior en su llamado de este martes a lograr un acuerdo nacional para reformar el Estado, el Gobierno decidió crear una gerencia de subvenciones en el Ministerio de Educación. Es éste un paso en la dirección correcta, porque la gestión de pagos y controles es típicamente una labor ejecutiva, que no debe estar en manos de autoridades políticas -y esto no sólo en Educación, sino en cualquier otro sector: en demasiadas reparticiones públicas la separación entre funciones propiamente ejecutivas y aquellas que son políticas es en extremo débil o inexistente, dando lugar a los problemas de los que el país ha sido testigo y creando un marco propicio al surgimiento de corrupción.

Es de suponer que esta nueva gerencia definirá criterios modernizados de gestión de estos recursos que, entre otros aspectos, aseguren mejores controles internos y métodos de supervisión de la asistencia a los establecimientos educativos del país más acordes con los estándares contemporáneos. En relación con este último aspecto, algunos especialistas incluso han sugerido que no sería particularmente complejo utilizar indicadores biométricos para verificar la presencia de los estudiantes matriculados en las aulas.

También deben revisarse los métodos de pago. A pesar de que desde fines de 2003 existen pagos electrónicos de la subvención, lo ocurrido en la seremi metropolitana de Educación sugiere que eso no ha llevado a un mejor seguimiento de los desembolsos por este concepto.

La externalización tanto de la supervisión de las asistencias como de los pagos, en entidades distintas, es una fórmula que debe explorarse sin más tardanza y que parece lo más conveniente. El ministerio, por intermedio de la gerencia anunciada, se reservaría la supervisión superior de estos procedimientos.

Es de tener presente que una medida de esta especie, aunque valiosa para el país, ciertamente encontrará resistencias, porque son muchos los funcionarios que hoy están involucrados en estas tareas, y la modernización puede significar que se deba trasladar o exonerar a algunos. Los gobiernos de la Concertación han sido históricamente reacios a esto, pero es indispensable racionalizar estas funciones para asegurar un buen uso de los recursos públicos y aumentar la transparencia. La magnitud de los montos y la importancia de la educación escolar obligan a utilizar los mejores procedimientos disponibles en el pago y control de los dineros de esta vital subvención.