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La forma como opera el aparato estatal se está convirtiendo en una de las principales trabas al desarrollo de la economía. Una modernización del Estado puede tener en el ritmo de crecimiento un efecto tan potente como en su oportunidad lo tuvieron la apertura al comercio internacional, la reforma al mercado de capitales y la creación de un régimen privado de pensiones. Pero el debate acerca del tamaño ideal -mayor o menor- que debería tener el Estado como agente económico es aún motivo de permanente discusión, de modo que no parece realista pensar en la posibilidad de un acuerdo político sobre este tema, y menos en la actual coyuntura.

Sin embargo, sí parece haber acuerdo unánime en la necesidad de introducir cambios profundos en la forma de administrar los recursos públicos. Por tanto, hoy no hay que situar la discusión en torno a más o menos Estado, sino en cómo tener un mejor Estado. La convocatoria del ministro Pérez Yoma a un acuerdo nacional para modernizar el aparato estatal merece ser apoyada, pero junto con ello es importante que el Gobierno entregue señales concretas de que está dispuesto a avanzar rápida y decididamente en esta línea.

La urgencia de abordar este tema queda de manifiesto al considerar las magnitudes envueltas. El ministro del Interior ha señalado que, en comparación con 1990, el presupuesto fiscal ha crecido aproximadamente seis veces, sin que mediaran en la estructura del aparato público cambios acordes con esta expansión en el volumen de gasto fiscal. La magnitud del problema se evidencia tanto más si se considera que, en la economía como un todo, el Estado resuelve hoy el destino de alrededor de la tercera parte del total de recursos gastados anualmente en el país, como proporción del PIB: 20 por ciento el gobierno general, 10 por ciento las empresas públicas y 2,5 por ciento los municipios. En cuanto al número de funcionarios públicos, sólo el gobierno central totaliza más de 170 mil, y si a ello se suman los municipios, las empresas públicas, universidades estatales y Fuerzas Armadas, el volumen global supera las 500 mil personas.

El deterioro que sufre Chile en su ritmo de expansión económica responde en buena medida a la falta de reformas para mejorar la productividad y eficiencia con que se utilizan los recursos disponibles. El éxito de la economía chilena en las décadas anteriores se explica por factores tan diversos como la apertura al comercio internacional, la reforma al mercado de capitales, la creación de un nuevo sistema previsional, la disminución de los controles estatales para emprender actividades, y un mejor manejo macroeconómico. Habiéndose logrado sostener una tasa de crecimiento promedio del PIB superior a siete por ciento por más de una década, no debería sorprender que la mayor contribución a ese total haya provenido de un mejoramiento de la productividad de los factores. Lamentablemente, ahora se observa la situación inversa: las ganancias en productividad contribuyen con una fracción mínima al crecimiento global, y las proyecciones de los especialistas no avizoran cambios sustanciales para los próximos años, de no introducirse factores de cambio de cierta envergadura. En este contexto, una reforma al Estado está llamada hoy a tener similares efectos en el crecimiento económico que los que en su hora representaron las otras reformas realizadas.

Dónde concentrar los esfuerzos de modernización

La convocatoria del ministro Pérez Yoma a un "acuerdo nacional para un mejor Estado" contiene un conjunto de iniciativas a ser implementadas antes de fin de año -gerencia de subvenciones en el Ministerio de Educación; mejor gestión de inversiones; modernización de los gobiernos corporativos de las empresas públicas y del Consejo del SEP- y otras que apuntan al mediano plazo -crear una agencia de calidad de las políticas públicas; profundizar el sistema de la Alta Dirección Pública; puesta en marcha de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Varias de estas medidas han despertado opiniones encontradas entre analistas: algunas son consideradas insuficientes, se echan de menos otras. Pero, más allá del listado específico presentado, cabe resaltar el contexto del llamado ministerial. Él plantea expresamente la necesidad de una revolución en la gestión, mediante estímulos concretos para lograr un aparato estatal orientado a resultados, abriendo la puerta a la subcontratación de servicios con el sector privado, mejorando los mecanismos de evaluación y control de la función pública, y en un ambiente de mayor transparencia. En este marco, las opciones de modernización son múltiples y, por cierto, trascienden esperanzadoramente el conjunto de medidas propuestas en el discurso.

A partir de la situación vigente en cuanto a organización y funcionamiento del aparato estatal, los primeros movimientos deberían ir en la dirección de profundizar lo que ya está operando. En particular, sería necesario extender el ámbito de acción de la Alta Dirección Pública a otros servicios hoy no incluidos, así como también habría que aumentar el número de concursos a realizar dentro de los que ya fueron considerados para estos efectos.

Junto con ello, sería de gran importancia establecer una separación más tajante entre aquellas reparticiones gubernamentales encargadas del diseño de políticas y que deben reportar a la autoridad política superior -como las subsecretarías-, y los servicios y unidades encargados de la aplicación de los programas para ejecutar aquéllas. Estos últimos deberían formar parte del sistema de la Alta Dirección Pública, designándose a los jefes de servicio y programas con criterios de excelencia profesional, y otorgándoles mayores grados de libertad y autonomía para el cumplimiento de las tareas y obligaciones correspondientes.