• Últimas
  publicaciones

• Cierre de plantas salmoneras
  (16/04/2008)
• Veto a proyecto de ley sobre "lobby"
  (16/04/2008)
• Refugiados palestinos
  (16/04/2008)
• Señales económicas en tiempos complejos
  (15/04/2008)
• Centroderecha en Italia
  (15/04/2008)
• Remuneraciones en el sector público
  (14/04/2008)
• El caso del Centro de Justicia
  (14/04/2008)
• Haití y crisis mundial de alimentos
  (14/04/2008)
• ¿Distrito no territorial indígena?
  (13/04/2008)
• La semana política
  (13/04/2008)
• Educación de calidad para Chile
  (13/04/2008)
• Protestas no previstas
  (13/04/2008)
• Intervención cambiaria
  (12/04/2008)
• ¿Cuánto pesa el Estado chileno?
  (12/04/2008)
• Compensación, pero no asistencialismo
  (12/04/2008)

Parte del desafío de instalar el nuevo sistema de justicia penal en Chile radicaba en la creación o habilitación de la infraestructura necesaria. En el caso de Santiago, a la complejidad propia de esta tarea se sumó el hecho de que, por decisión del entonces ministro de Justicia José Antonio Gómez, se centralizó la tramitación del 85 por ciento de las causas en un solo lugar, el hoy denominado Centro de Justicia. Como este diario lo advirtió repetidamente entonces, con eso se contravino el principio de descentralización que inspiraba la reforma, y se incrementaron sustancialmente los costos de traslado para la gran cantidad de personas que a diario debe acudir a dicha sede en calidad de víctima, testigo o funcionario del sistema. Además, se aumentó también la complejidad del proyecto, ya que se trata de la mayor edificación pública construida en los últimos 50 años. A pesar de que la Región Metropolitana fue la última en ingresar al nuevo sistema de justicia -e incluso con un año de atraso respecto de la fecha originalmente planeada-, continúan evidenciándose serias deficiencias en la planificación y ejecución de las obras.

Iniciadas ellas en junio de 2004, el inmueble no estuvo listo cuando empezó a funcionar la reforma en la capital, en junio de 2005, y en diciembre de 2006 la comisión técnica evaluadora respectiva rechazó la recepción definitiva. Ahora se ha informado que, habiendo el Ministerio de Justicia recibido definitivamente las obras, el sistema de climatización es inaceptable, por lo cual los jueces todavía trabajan en dependencias en la calle Huérfanos, y la mitad del complejo se encuentra sin uso. Tan sólo la mantención de los nuevos recintos costaría 254 millones de pesos mensuales, financiados por todos los chilenos.

Las respuestas de las autoridades han sido vagas y no se ha aclarado la responsabilidad por tal despilfarro. El Ministerio de Justicia, mandante de las obras, habría sido asesorado técnicamente por el MOP respecto de la licitación y fiscalización de ellas. En general, este último es el que fija las especificaciones de los requerimientos generales de espacios y funciones fijados por un ministerio sectorial. El pasado jueves se reunieron los titulares de ambas carteras con el presidente de la Corte Suprema, para buscar "una solución eficiente, oportuna y económica", que luego debería plantearse a Hacienda.

Las autoridades deben explicar lo ocurrido, que aparece como síntoma de un fenómeno más amplio: la excesiva incidencia de prioridades políticas en la ejecución de obras públicas. En este caso, el problema se remonta a la decisión de centralizar territorialmente la operación del sistema. En otros -como el de los estadios que deberán estar operativos para el mundial de fútbol en un plazo de cinco meses-, es la premura con que se imponen los proyectos, afectando su calidad y ejecución.