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En los años 80, fuertes alzas en las tasas delictivas motivaron en el mundo desarrollado el estudio y la aplicación de gran cantidad de programas para reducirlas. Habiéndose evaluado rigurosamente su eficacia en años posteriores, hoy se cuenta con un amplio acervo de información respecto de qué métodos efectivamente inciden en ese problema en el corto y en el largo plazo o que, al menos, resultan prometedores en la prevención y el control de la delincuencia en distintos ámbitos y plataformas institucionales.

En lo relativo a control, las estrategias operativas exitosas no se centran en lo reactivo, sino en lo proactivo: a las medidas tradicionales se les suman el análisis y la definición precisa de los problemas subyacentes a su ocurrencia o a la concentración de delitos en determinados lugares, y luego se abordan el diseño y la ejecución de soluciones a esos problemas específicos.

Esto requiere un cambio de foco por parte de policías y fiscales, así como dejar atrás objetivos sólo basados en la densidad del despliegue territorial o en tiempos de respuesta, para agregar, además, un trabajo mancomunado con la comunidad y otras organizaciones vinculadas con los problemas de fondo, tales como servicios de salud y educación, gobiernos locales, comercio e industria, entre otros. Así, una respuesta reactiva ante denuncias de tráfico de drogas en un edificio abandonado sería la detención, una y otra vez, de los traficantes que se instalan en el lugar. Eso ocasiona altos gastos, con escaso efecto. En este mismo caso, la respuesta del sistema de "estrategia inteligente" sería buscar alguna manera de cambiar de modo permanente la condición de abandono de ese inmueble.

Estos principios y los avances de su aplicación por parte de la policía uniformada fueron expuestos y analizados por autoridades del sector, especialistas y académicos en un reciente encuentro académico en la Universidad Católica. Los avances registrados son significativos, y en ese marco pueden inscribirse los ajustes al Plan Cuadrante que se han anunciado hace poco.

Sin embargo, la experiencia internacional también muestra que la necesaria generalización de esta clase de herramientas requiere inversiones públicas en programas sujetos a evaluación de resultados y que se centren en el modelamiento de procedimientos replicables en otras zonas y en su difusión, así como el establecimiento de firmes esquemas de rendición de cuentas.

Dado este contexto, un cambio sistémico que logre reducir pronto la delincuencia en Chile requiere, necesariamente, una enérgica decisión de las autori-dades en impulsar estas nuevas líneas de trabajo.