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Las listas de espera aún representan una proporción baja de la actividad que se realiza en los sistemas de salud, pero todo indica que los números van en aumento tanto en lo que se refiere a intervenciones quirúrgicas como a consultas de especialidades.

Según el Ministerio de Salud, entre marzo y diciembre pasados el número de pacientes esperando por una intervención se habría duplicado y el número de pacientes esperando por una consulta de especialidad habría aumentado en 45 por ciento. Esto ha estado ocurriendo a pesar de que el Auge establece garantías explícitas de atención oportuna. Por cierto, las esperas no se concentran sólo en las patologías cubiertas por este programa, y en la medida que el sistema público sienta la presión de cumplir con dichas garantías las esperas se irán concentrando en las patologías no cubiertas.

Los servicios públicos de salud han tenido dificultades para adaptarse a la mayor demanda que significan las garantías explícitas y surge la duda de si tienen la suficiente flexibilidad para acomodarse. Dichas garantías, cabe recordarlo, reducen los precios implícitos de acceder a la salud porque no son sólo de oportunidad, sino que también de costo. Para un grupo significativo de la población los copagos son cero y para los de más ingresos son montos que no representan una catástrofe financiera.

Pero junto con esto, en la última década ha disminuido la proporción de personas que está afiliada a las isapres. Ahora bien, las personas que han migrado no son una muestra aleatoria de los afiliados al sistema privado, sino que, a cada nivel de ingresos, aquellos que son más riesgosos y, por consiguiente, más caros. Ello ocurre porque Fonasa, a diferencia de las isapres, no ajusta las cotizaciones según el riesgo de sus afiliados.

Diversos indicadores sugieren que en el sistema público de salud la flexibilidad necesaria para acomodar la mayor demanda está ausente. Hay, por ejemplo, falta de especialistas y jornadas de atención que, en general, se concentran en las mañanas, generando una subutilización de la infraestructura hospitalaria. Pero, obviamente, se requieren también nuevas formas de gestión que mejoren los niveles de productividad de los recursos destinados a salud. Estos han estado aumentando en la última década a una tasa promedio cercana a nueve por ciento y en los últimos años el ritmo de incremento incluso ha sobrepasado los dos dígitos.

Deben buscarse nuevas formas de gestión y no debe excluirse la concesión de la administración de los hospitales públicos si ello fuese necesario. Medidas como ésta generan rechazo en los gremios de la salud pública, pero la situación actual requiere transformaciones drásticas si se quiere efectivamente asegurar una atención de salud razonable a los afiliados al sistema público, sobre todo si no se les otorga la posibilidad de elegir entre proveedores alternativos.