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La política económica de Chile y sus autoridades se ven alejadas de las turbulencias que afectan a algunas economías regionales, y más bien cercanas a una América Latina más moderna y de corte capitalista.

Ese sello caracteriza las políticas de desarrollo de Brasil, Perú, México, El Salvador, Panamá y Colombia, en contraste con otros países latinoamericanos representados por Cuba, Venezuela, Nicaragua y variados grupos “opositores” que han estado cerca de gobernar en Perú y México. Argentina es un país que presenta una situación ambigua.

El gobierno chileno ha actuado con gran independencia, y —salvo en materia laboral y el tono populista de algún discurso oficial— nuestra política económica mantiene una clara orientación libertaria y pro crecimiento.

Esto se manifiesta en una línea de acción favorable a la empresa privada, donde la manera de lograr mayores ingresos, empleos y oportunidades para los más pobres es mediante aumentos persistentes en la productividad, la que se ve ligada cada vez más a la competencia con las naciones más avanzadas del mundo y con la calidad de la educación, definitivamente deficiente a pesar de la enorme expansión del gasto estatal.

Sólo en lo laboral se mantiene un enfoque atrasado que no expande las libertades ni estimula el empleo.

Hay aquí una gran interrogante, ya que el discurso de las autoridades del Trabajo así como el contenido de variadas “políticas sociales” fomentan la inactividad. Nuestras normas laborales encarecen artificialmente el costo de contratar, introduciendo una enorme inactividad cuya lógica perversa y antipopular contrasta con la convicción, ya generalizada en el mundo moderno, en torno a lo fundamental de la flexibilidad salarial, de jornadas de trabajo, horarios y costos. Estos cambios son los que experimenta la Francia de Sarkozy o la Italia de Berlusconi, para no mencionar la historia de casi pleno empleo de Estados Unidos, que se explica por su clásica libertad laboral.

Caída en la productividad

Según cálculos de la Cámara de Comercio de Santiago, la productividad de la economía chilena caería en 2008 por tercer año consecutivo, completando una baja de 1,5 por ciento en el último trienio.
Esta disminución, calificada por todos los análisis como preocupante, contrasta con los aumentos de 1,0 por ciento del período 1987-1990, de 3,9 por ciento entre 1991 y 1995 y los más reducidos de 0,2 por ciento y 0,5 por ciento correspondientes a los años comprendidos entre 1996 y 2000, y luego, desde 2001 a 2005.

Las últimas cifras nos ubican en un crecimiento muy por debajo de los países de desarrollo medio y alto, en contraste con lo observado en los años anteriores en que Chile destacaba nítidamente. Los buenos años parecen haber pasado, y al decir de Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, “ha habido un sacrificio de crecimiento provocado por un ineficiente uso del capital y el trabajo”. La economía chilena ha perdido el dinamismo del pasado, lo que se explicaría por la falta de reformas profundas que promuevan la competitividad, como las que podrían dar dinamismo al mercado laboral al eliminar las ya clásicas rigideces que dificultan el empleo, en particular el de los trabajadores menos calificados. Estas rigideces, junto con las excesivas cargas regulatorias, impuestos y la postergada modernización del Estado, son las causas de la menor tasa de crecimiento del producto. En la actualidad, ésta es la mitad de la correspondiente a los buenos períodos entre 1976 y 1981, 1986 y 1998 y, finalmente, en menor grado, desde el 2002 al 2008.

Los costos empresariales aumentan, en especial los energéticos, afectados también por altos impuestos, así como por el valor de la mano de obra y la falta de iniciativa oficial para reducir los gravámenes ligados al intercambio con el exterior y las rigideces y prohibiciones que aún rigen para el comercio. Chile ha perdido dinamismo en relación con otros países emergentes y su tasa de aumento de las exportaciones, de 6,4 por ciento entre 2000 y 2007, es ya muy inferior a la de 9,8 por ciento de aquellas naciones.
La ausencia de reformas habría hecho perder al país un 22 por ciento de su participación en el mercado.
El crecimiento de la economía chilena se ha deteriorado y no es claro cuál es el diagnóstico de las autoridades. Estas muestran un cierto conformismo con un aumento anual del 5 por ciento, pese a lo insuficiente que resulta esa cifra en el actual escenario internacional.

Hay, además, dilaciones en políticas clave, como la educacional y de salud, donde a pesar del mayor gasto público, se observa un progreso muy marginal. Si se insiste en impuestos siempre crecientes, continuará el mal uso de los recursos, el menor desarrollo y la “mala distribución del ingreso”, cuya principal causa es —en último término— la deficiente educación que reciben millones de jóvenes.